¿Por qué miles de jóvenes sin empleo salieron a las calles contra la ‘ley Pulpín’, la criatura del MEF? ¿Por qué protestaron los que están fuera del mercado laboral formal? ¿Por qué reclaman por algo que nadie les puede quitar, puesto que, según el pragmático pensamiento en boga, no tienen nada? Sus letreros y consignas ayudan a entenderlo: “El poder nos teme porque la causa es justa. No a la esclavitud”, “La lucha será larga porque los derechos no se negocian”, “Cuando la ley es injusta, lo correcto es rebelarse”, “Soy cholo pero no barato”. Les indigna que les arranquen derechos debido al solo hecho de no poder ejercerlos.
Es posible que los sostenedores del pensamiento MEF califiquen de insólita la actitud de los jóvenes; y que sostengan –junto con decir que es obra de radicales– que se debió a problemas de comunicación. Asumirían así la misma actitud autorreferencial de cuando Conga entró en crisis, y que adoptarán si corre riesgo Tía María.
Este desencuentro con la realidad nace de pensar que es clave “no contaminar las decisiones económicas con consideraciones políticas”, como se lee en una nota editorial de El Comercio (24.1.2015). En su afán de defender al MEF, el editorial considera que la política estaría contaminada y la economía sería pura (contaminar, acepción 1 del DRAE: “Alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa”; ¿o acepción 5: “Profanar o quebrantar la ley de Dios”?).
No obstante, las relaciones entre política y economía son bastante más complejas que las imaginadas/teorizadas/idealizadas en la nota comentada, que concluye con afirmaciones de tono más bien litúrgico. Después de afirmar que de vez en cuando se pueden objetar medidas del MEF, advierte: “Pero el criterio ha sido y debe ser siempre el de alejar las tentaciones políticas y electoreras de esas medidas, y no el de sublevarse contra la realidad sobre la que se basan, pues ya sabemos a qué despeñaderos se llega por ese camino”. Amén.
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