Gasoducto sin norte

Guido Lombardi,Opina.21
El divorcio entre la economía y la política ha sido señalado con insistencia como uno de los elementos que obstaculizan el crecimiento económico.

Hay otros, por supuesto: rigidez laboral, sobrerregulación, baja calidad educativa, dependencia de recursos naturales en nuestra oferta exportadora. Sin embargo, en el caso del Gasoducto Sur Peruano, el elemento central de lo que puede ser una decisión equivocada reside en el divorcio entre una correcta visión económica y una equivocada voluntad política.

Hay varios problemas en la construcción de este megaproyecto energético, y el más sensible es–aunque quizá no el mayor– que seremos los usuarios de energía quienes lo financiemos.

Esto ha sido dicho con toda claridad por el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, cuando afirmó que las tarifas eléctricas se elevarán 1% a partir del año 2015 y, en ese mismo porcentaje, hasta el año 2020, como parte de un sistema de compensación tarifaria que tiene la finalidad de crear un fondo que financie la construcción del Gasoducto Sur Peruano.

Prácticamente todos los especialistas convocados esta semana por el diario Gestión coincidieron en que construir un gasoducto (cuyo costo es superior a los 7 mil millones de dólares) para quemar el gas al final del tubo carece de sentido.

Tampoco parece razonable, según César Bedón, diseñar un ducto para transportar 30% de etano cuando el gas de Camisea tiene apenas un 10%. Por su parte, a Carlos Herrera Descalzi le preocupa la declinación de reservas líquidas de Camisea, mientras que Édgar Saba no duda de que “la licitación será un éxito: si me ofrecen una rentabilidad del 12%, ¿qué me importa si pasa o no gas por ahí?”.

Por último, teniendo en cuenta que, si se cumplen todos los plazos, el GSP estaría en funciones en el 2019. Los especialistas señalan que llegaríamos muy tarde para competir con la producción de nuestros vecinos. ¿Ese es el riesgo que queremos asumir todos los peruanos?