Dos peruanos murieron en la galería Nicolini trabajando en condiciones prácticamente de esclavitud. Todos vimos y escuchamos las patadas de los jóvenes encerrados en los containers, tratando de salir de ese infierno. Pero los estallidos de la galería también se escucharon en el corazón de los peruanos, que empezamos desesperadamente a buscar una explicación a la inhumana situación que acabábamos de ver, y que más de uno afirma que se repite en otras partes. ¿Es que no somos capaces de encontrar –en medio de esta tragedia que nos lleva al límite como sociedad– puntos de consenso?
A raíz de esta tragedia, por ejemplo, Eduardo Dargent afirmó: “No se sorprenda si en los próximos días usted siga escuchando que en el Perú el problema es la sobrerregulación que entorpece la formalización… Por algo que debería ser evidente: para una gran cantidad de peruanos ese Leviatán regulador no existe fuera del papel”.
Una posición representativa de buena parte de la izquierda peruana, que habla de regulación cuando se refiere a fiscalización.
La simplificación administrativa, el destrabe, o la reducción de la sobrerregulación, como usted quiera llamarle, no está peleada con la necesidad de invertir más y mejor en fiscalización. Entiéndanlo. Una cosa nada tiene que ver con la otra. Ni siquiera los índices que miden niveles de libertad económica promueven un sistema de mercado sin Estado de derecho. Todo lo contrario. Se le asigna igual peso a Estado de derecho, que incluye eficiencia del sistema de justicia, que a la libertad de transar bienes y servicios.
La regulación claro que existe, y obviamente tiene un impacto en la formalidad. Lo que no existe, o existe en niveles paupérrimos, es la fiscalización. Es el sistema de administración de justicia el que falla, y en eso deberíamos estar todos de acuerdo. ¿Podemos empezar a escucharnos?
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