Fernando Cáceres: Legislando para la Tribuna

El Congreso ha aprobado una iniciativa que sanciona con cárcel el acaparamiento y la especulación de bienes de primera necesidad en zonas declaradas en emergencia. Una medida prácticamente inaplicable, y que ha sido aprobada tan rápido que los parlamentarios ni siquiera han evaluado el trabajo del Indecopi ni las alternativas planteadas en el Congreso.

El problema práctico es que, al declarar la emergencia, el Ejecutivo tendría que identificar los bienes de primera necesidad y determinar su precio habitual. Algo difícil si consideramos la poca data histórica, y que el precio al iniciarse una emergencia puede rápidamente quedar desfasado por el incremento de los costos de transporte. Además, la informalidad y la alta dispersión de puntos de venta requerirían de ingentes recursos para hacer cumplir la norma, que el Congreso debiera evaluar si no estarían mejor asignados en atenciones a la población.

Luego, solo en el último mes, el Indecopi ha realizado 613 acciones de supervisión en los seis departamentos más afectados, para que no se abuse de los consumidores.

Un trabajo que ni siquiera ha sido ponderado por el Congreso, a tal punto que la congresista fujimorista Lourdes Alcorta –totalmente desinformada– afirmó que los funcionarios del Indecopi “deben de haber estado en la playa… en algún club bañándose”.

Por último, en el debate, el congresista Pedro Olaechea propuso un interesante mecanismo de mercado para combatir la especulación y el acaparamiento: que el Estado introduzca en los mercados de las zonas en emergencia una sobreoferta temporal de bienes de primera necesidad, tal como se hizo anteriormente en Ica frente a El Niño.

Esperemos que el Poder Ejecutivo observe esta iniciativa, y congresistas vuelvan a debatirla. Esta vez informándose y evaluando las alternativas.