Fernando Cáceres: La economía democratizadora

Hace algunos años, la ex congresista Rosa Mavila dijo que estaba en contra de que ciertos asuntos, como regulaciones con impacto ambiental, se analizaran bajo un enfoque costo beneficio. La resistencia a aplicar un enfoque económico a los proyectos normativos no es nueva. En EE.UU., tuvieron que pasar muchos años para que republicanos y demócratas aceptaran que este enfoque ayuda a democratizar las leyes.

El congresista Alberto de Belaunde ha presentado un proyecto que modifica el Reglamento del Congreso a fin de crear la Oficina de Estudios Económicos del Congreso (OEC), un órgano de apoyo parlamentario encargado de emitir opinión sobre el análisis costo beneficio de los predictámenes elaborados por las comisiones y de absolver consultas sobre cualquier materia económica.

El enfoque económico suena, pero no es frío. Sirve para identificar a todos los grupos potencialmente afectados y beneficiados, incluyendo a las entidades públicas cuyo presupuesto se afectará, a fin de hacerlos participar en la toma de decisiones y poder estimar cómo los impactará. Además, permite distinguir efectos según se trate de un bien con un precio de mercado, un bien con un valor estadístico, como el tiempo y la vida, o un bien sin precio ni valor estadístico, como la democracia, pero estimable con base en el uso alternativo que se les pudo dar a los recursos.

No se trata de tener que decidir siempre con base en un balance entre impactos positivos y negativos, sino, como ha señalado la Corte Suprema de EE.UU. (Michigan vs. Environmental Protection Agency, 2015), de estar en condiciones de identificar tanto los beneficios como los costos. Finalmente, es perfectamente posible que, tras un análisis costo beneficio, los congresistas decidan que es mejor no tomar partido por las mayorías, sino por un particular grupo a beneficiar. Apoyemos el cambio.