Fernando Cáceres: Desabastecimiento crónico (Parte 2)

El congresista Cevallos, del Frente Amplio, ha presentado un proyecto de ley (PdL) que plantea declarar de interés público el acceso al Atazanavir, medicamento antirretroviral para el VIH cuya patente vence el 20 de enero de 2019. El mayor sustento de este proyecto es que el medicamento tiene un precio superior al de otros países, como Bolivia. Esta declaratoria abriría la puerta para poder establecer una licencia obligatoria, que es una excepción a las reglas de la propiedad intelectual, que permite suspender el derecho exclusivo del titular para que un medicamento pueda producirse, usarse y venderse. ¿Se justifica recurrir a una medida como esta?

Una licencia obligatoria podría considerarse justificada si la realidad epidemiológica del VIH y las restricciones presupuestales del Estado lo ameritasen. Según el Minsa, sin embargo, “la epidemia del VIH en el país mantiene las características de una epidemia concentrada, por tener una prevalencia en población general menor al 1% y una prevalencia mayor del 5% en poblaciones de elevada prevalencia”. Además, según el Cenares, durante el 2016 el stock del Atazanavir fue suficiente para los niveles de consumo requeridos.

Más allá de la falta de sustento de este PdL, este es emblemático, porque evidencia el facilismo con el que muchos políticos pretenden hacer políticas públicas. Claro que debemos preocuparnos por el acceso a los medicamentos, pero, en vez de recurrir a medidas sin sustento, bien haría el Frente Amplio en fiscalizar al Ejecutivo y los gobiernos regionales para mejorar el sistema de compras. Como comenté la semana pasada, hoy no hay suficiente información de los pacientes por enfermedad a nivel nacional, lo cual genera problemas al calcular las necesidades, y compras de pequeña escala que restan poder de negociación frente a los laboratorios. Ataquemos las causas de los problemas de acceso.