Fernando Cáceres: Corrupción por la huacha

Hasta ahora, los escándalos de corrupción de las constructoras brasileñas han golpeado merecidamente a varios ex funcionarios del Poder Ejecutivo y a algunos empresarios. Pero pocos reflectores se han puesto sobre el papel que jugaron los congresistas en el diseño de los vehículos que empleó la corrupción, como leyes y decretos de urgencia.

En el caso de la carretera Interoceánica, por ejemplo, solo en el periodo 2006-2011, pueden identificarse una ley (29309) y cuatro decretos de urgencia (045-2008, 025-2009, 097-2009 y 077-2010) que posibilitaron que el presupuesto se incremente en cientos de millones de dólares.

De hecho, la Ley 29309, que declara de necesidad pública continuar las obras de la Interoceánica Sur, tuvo su origen en dos proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo, pero en la votación del Congreso fue apoyada por parlamentarios como Lourdes Alcorta, Víctor Andrés García Belaunde, Carlos Bruce y Yonhy Lescano.

Luego, cuando el Poder Ejecutivo aprobó los decretos de urgencia mencionados, estos fueron derivados a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, la cual se encuentra encargada de analizar su constitucionalidad, y puede incluso modificarlos y hasta derogarlos. Nada de esto ocurrió. Y en esa comisión estaban parlamentarios como Jorge del Castillo, Víctor Andrés García Belaunde, Marisol Espinoza y Mauricio Mulder.

Se me podrá decir que el Congreso casi nunca observa los decretos de urgencia, y que no era fácil advertir que había incrementos no justificados. Y si bien esto es cierto, también lo es que los congresistas sí tenían herramientas a su disposición para poder parar la corrupción que estaba incubándose. Y aun cuando no tuvieran los votos para observarlas, podrían haber hecho públicas sus observaciones. La corrupción se les pasó por la huacha. Al menos, tienen responsabilidad política.