Richard Webb, ex director del BCRP, explicó que en el Banco Central abunda el criterio técnico en materias monetarias, mas no en otros aspectos de la vida económica y social, y que el directorio es una oportunidad para complementarlos. De hecho, la interpretación del artículo 11 de la Ley Orgánica del BCRP ha venido dándose en esa dirección; si bien requiere que los directores tengan experiencia en economía, ha permitido contratar a no economistas, con experiencia, por ejemplo, en gestión pública y empresarial.
A mi juicio, lo esencial en el artículo 11 es que los directores “no representan a entidad o interés particular alguno y su voto debe tener en cuenta únicamente el cumplimiento de la finalidad y las funciones del banco”. ¿Es posible garantizar esa independencia con directores que forman parte de empresas o consultoras de empresas potencialmente beneficiadas con la política cambiaria? Más allá de la integridad de los nuevos directores, ¿dónde debemos trazar la línea?
El problema no es privativo del BCRP. Pasa en varias entidades, como Indecopi y los reguladores, donde para atraer talento, a pesar del bajo presupuesto, se contrata a personas para directorios, comisiones y tribunales, que en paralelo trabajan en estudios de abogados o consultoras. ¿Bastan los “chinese walls”? Este caso nos debería llevar a repensar todo el marco institucional.
Fuerza Popular debería ya ser consciente de que su ‘pasado la persigue’, y que la reacción pública no va a ser proporcional a la que se tendría con candidatos con similares objeciones de fuerzas políticas menos cuestionadas.
A menos que quieran que las elecciones sigan definiéndose por el antifujimorismo, como apunta Enrique Pasquel, necesitan ser tres veces más cuidadosos con la institucionalidad. Es una carga, pero también una oportunidad.
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