Crónica de un robo

Congresista

Uno de los remanentes intervencionistas del gobierno se puso de manifiesto en el sistema privado de pensiones. Cuando los fantasmas expropiatorios empezaban a asolar la pampa argentina, con la apropiación abrupta de la señora Kirchner sobre los fondos de pensiones de todos los argentinos, al gobierno peruano no se le ocurrió mejor idea que la de meter mano, casi por imitación, en el sistema peruano en aras de una supuesta protección al usuario.

La fórmula vino por el sistema de denunciar cobros excesivos en las comisiones de las AFP. Cuando el principal argumento para desalentar un sistema privado de pensiones es en realidad que el Estado garantice un sistema público mejor, el gobierno, en lugar de optar por esa fórmula, decide arrinconar al sistema privado por el fácil expediente de entregar el monopolio de la recaudación privada a una sola empresa siempre y cuando cobre menos comisión.

Es como que hoy se decida –igualmente para “tutelar” a los ciudadanos menores de edad– que, por dos años, todos los ciudadanos deban abrir sus cuentas única y exclusivamente en el banco X, por el solo hecho de que este cobra menos comisión o paga más interés que los bancos Y o Z. Nada de que usted decida por su cuenta cual banco o AFP quiere y la escoja porque le da la gana. No. Vaya usted al único banco autorizado.

Bueno, lo mismo se hizo con las AFP y se licitó ese monopolio, que fue ganado por la empresa chilena Habitat. Toda persona que se incorpora al sistema privado debe hacerlo allí, por dos años.

Pero ahora, en aras del paternalismo del gobierno sobre los ciudadanos minusválidos, han decidido que la afiliación voluntaria vigente de los trabajadores independientes también debe ser intervenida, y decretan que se vuelva obligatoria, manu militari y que, además, son demasiado incapaces como para escoger la que más le guste, por lo que todo va a… Habitat.

A la evidente reacción de los trabajadores independientes, y siendo necesario reaccionar, se interpuso en el Congreso la necesidad de suspender la obligatoriedad y devolver lo confiscado, a efectos de dar paso a una política explicativa, antimonopólica y de respeto a la libertad de escoger de los ciudadanos.

Pero demostrando que no escarmienta, el gobierno, actuando de abogado de la empresa monopólica, retrocede en lo de implementar el sistema, lo suspende solo temporalmente, hasta el 2014, y se niega a devolver lo cobrado compulsivamente para que quede, supuestamente, a cuenta de aportaciones futuras. ¿Si el Congreso, como es lógico, decidiese que dada su condición de independientes, su aporte sea voluntario, devolverán con sus intereses lo cobrado?

Está por verse. Pero el tema de fondo es que a contrapelo de lo que es un pilar básico de nuestra economía, que gira, al menos teóricamente, en la libertad de mercado y en la prevalencia de la escogencia ciudadana, el gobierno ha sido torpemente intervencionista en este rubro, y no despeja las dudas de si, más adelante, siempre en aras de “defender” al ciudadano como si fuese un incapaz, interviene cualquier otra actividad económica y terminen consagrando un mamarracho como es lo que acaban de hacer con los trabajadores independientes.