“Debe crearse fiscalía ad hoc para Tía María”

Autor: Ricardo Monzón Kcomt.
rmonzon@peru21.com

Existe en el Perú –ahora actuando en Islay– un grupo subversivo que se opone a los grandes proyectos del país, dice Cecilia Valenzuela. Para determinar responsabilidades, asegura que es necesaria una fiscalía ad hoc.

¿Le parece bien la pausa del proyecto Tía María?
El proyecto se había convertido en un rehén en manos de grupos políticos empeñados en impedir que se realicen grandes inversiones en el país.

¿A qué grupos se refiere?
Uno se llama Tierra y Libertad y el otro es Patria Roja. Los dos han estado operando al extremo en el valle del Tambo.

Hay lugareños que están a favor del proyecto, pero son oprimidos por los opositores.
Eso se llama sicariato político. Estas personas han impuesto sus ideas y han formado milicias para atacar a la Policía y a los pobladores que no están de acuerdo con ellos. Muchas personas han sido vejadas solo por no estar de acuerdo con ellos y, luego, hemos visto varios policías heridos y el brigadier Vásquez asesinado en manos de estas milicias organizadas por estos grupos políticos.

Entonces, ¿las responsabilidades no son individuales, sino de grupos políticos?
Al contrario, los responsables de que exista un grupo subversivo gestándose en el país son los dirigentes, porque los ‘espartambos’ son un grupo subversivo. Esta gente no surgió repentinamente. Ha sido organizada y asalariada.

¿Y cuál es la responsabilidad de Tierra y Libertad?
En los diálogos vergonzosos que hemos escuchado, quien habla es el dirigente de Tierra y Libertad Pepe Julio Gutiérrez, que es parte del comité del partido. Este sujeto dice en los audios que tiene gente de acción –los ‘espartambos’– y que está formando cuadros políticos. Está ocurriendo en el Perú un fenómeno tremendo, es casi una reedición de lo que vivimos en los 80 con Sendero Luminoso y el MRTA.

¿Cómo calificaría a Tierra y Libertad?
Es un partido subversivo que usa la violencia para hacer política.

Marco Arana dice lo contrario, que se busca la paz y defiende el medio ambiente.
Mentira, eso es una farsa. El señor Arana en Lima es una suerte de pastor de ovejas, pero, cuando arenga en las plazas y cuando organiza políticamente a sus seguidores, es una hiena.

¿Qué debería suceder para que no haya protestas similares en otros proyectos mineros más adelante?
Hace tiempo que el Ministerio Público debió actuar, tiene que identificar responsables. Cuando un policía, desobedeciendo una disposición, dispara, como pasó en Pichanaki, responde ante la justicia, pero no solo él, también su jefe y el general de la zona, y seguramente el ministro. Lo mismo tiene que pasar en el otro lado, con los ‘espartambos’.

¿Por qué no se juzga igual?
Porque en el Perú somos democráticamente bobos.

¿No habrá magistrados coludidos? En un audio se menciona a la jueza Lastra.
Eso tiene que investigarse. Mi opinión es que debe crearse una fiscalía ad hoc porque estamos frente a un caso mayúsculo y excepcional. No es solo un grupo manifestando, son milicias subversivas que han tomado de rehén a un proyecto fundamental para el país, a los pobladores y también a las instituciones judiciales. Los jueces y fiscales en la zona no actúan contra ellos porque se mueren de miedo, son ideológicamente hermanos o han sido corrompidos.

¿También faltó prevención del gobierno? En el 2011 hubo tres muertos por Tía María.
Por supuesto que sí. No solamente faltó previsión, la oficina de la PCM que se encarga de los conflictos funcionó bien con Vladimiro Huaroc, pero, cuando lo cambiaron, reinventaron la oficina. Ahí se perdió mucha información y tiempo.

¿Los audios de Pepe Julio Gutiérrez pueden ayudar a que la población abra los ojos?
El audio debe servir para que estas personas sean procesadas y rindan cuentas, y para crear conciencia. Un audio con la crudeza del que hemos escuchado tiene que hacernos despertar.

Ahora, también hay un sector de Islay que tiene miedo del proyecto, que sí quiere defender el agro y desconfía de Southern.
Por supuesto que sí. Antes la minería era atroz, pero ahora hay una minería moderna, limpia, y lo vemos en distintos puntos de nuestro país. El Estado está para vigilar que, si hay algún problema, esas empresas reparen. Yo encuentro legítimo el temor de la gente, pero ahí tenemos que encontrar un punto intermedio porque estos proyectos no son solo para el valle del Tambo, involucran intereses de todo el país.

¿Qué pudo hacer el Estado?
Ahí el presidente Ollanta Humala debió hacer algo que hubiera sido realmente fantástico, hubiera trascendido en la historia: él se convenció a sí mismo –o lo convencieron– de que su antigua oposición a la minería estaba equivocada. ¿Por qué se convence? Él debió decirles a todos los peruanos qué lo ha convencido. Humala debió dar un mensaje a la Nación y decirles a todos los peruanos por qué se convenció en términos económicos, medioambientales, ecológicos. Seguro, después de eso, mucha gente también se habría convencido.

AUTOFICHA

- “Empecé mi carrera profesional en prensa escrita y trabajé en la revista Caretas de 1992 a 1995, después fui reportera y conductora de televisión. Actualmente conduzco y soy directora del programa periodístico Mira quién habla de Willax Televisión”.

- “En el 2011, Tierra y Libertad boicoteó el proyecto Conga. El año siguiente impidió la ejecución del proyecto minero en Cañariaco. De ahí se fue a Espinar para obstruir las operaciones de Tintaya y Antapaccay, y llegó a Tía María”.

- “La labor de la DINI no es espiar a opositores políticos y periodistas en Lima, sino hacerlo en zonas de conflicto, porque allí hay un sector de la población que tiene temor que la mina dañe sus cultivos, pero también hay grupos azuzadores con pasado subversivo”.