Colombia, México... ¿Perú?

Si no hay una seria voluntad de reforma, la actual institucionalidad peruana –el régimen democrático, los partidos políticos, el Gobierno Central (en particular los órganos de control), los gobiernos regionales, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional– no soportará la presión de la economía ilegal y de sus cada vez más potentes organizaciones criminales.

Las Fuerzas Armadas no estarán en capacidad de enfrentar con eficacia a estas organizaciones. En la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA, el diseño de la estrategia política y militar tomó años; y la batalla contra la economía ilegal y sus organizaciones criminales necesita una estrategia radicalmente distinta. Esto porque las organizaciones criminales que surgen de la economía ilegal buscan penetrar el Estado para que este no les ponga trabas a sus negocios e incluso para que se los faciliten. No pretenden destruir el Estado, sino capturar las áreas útiles a sus propósitos.

En el Perú, como en México, las Fuerzas Armadas tienen dificultades para confrontar a los narcotraficantes. No solo porque estos pueden penetrarlas, más bien porque la disputa no es por devastarlas, sino por ganar y garantizar espacios para la actuación ilegal.

En Iguala (Guerrero, México), la desaparición y probable asesinato de 43 estudiantes fue decisión del alcalde –que proviene del PRD, es decir, de la izquierda mexicana– y de la Policía municipal, que en esa zona, como se ha revelado, trabaja en dupla con un grupo armado de los narcotraficantes.

Cuando los empresarios peruanos plantean que el Perú debe ser un país del Primer Mundo, ¿han reparado en que es clave fortalecer la institucionalidad del Estado y de la sociedad? ¿Advierten que la corrupción es la gran puerta de entrada para los negocios ilegales y para que estos se vinculen con la economía legal? ¿O piensan que bastará con el “shock de obras” que plantea García [justamente cuestionado por Alberto Vergara, dicho sea de paso (El Comercio, 19.11.2014)]?