BOGOTÁ (AFP).– El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció que su país ha renunciado al Pacto de Bogotá, en reacción al reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) sobre delimitación en el Mar Caribe con Nicaragua, que Bogotá cuestiona y aún no ha acatado.
“He decidido que los más altos intereses nacionales exigen que las delimitaciones territoriales y marítimas sean fijadas por medio de tratados, como ha sido la tradición jurídica en Colombia, y no por sentencias proferidas por la Corte Internacional de Justicia. Por eso, en el día de ayer (martes), Colombia denunció el Pacto de Bogotá”, expresó Santos en un acto público en Bogotá.
Puntualizó que Colombia informó de esa decisión al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza.
El Pacto de Bogotá –suscrito por Colombia el 30 abril de 1948– comprometía al país a dirimir sus desacuerdos limítrofes con otras naciones del hemisferio en ese tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Con la denuncia del Pacto de Bogotá, “Colombia no pretende separarse de los mecanismos de solución pacífica de las controversias. Por el contrario, Colombia reitera su compromiso de recurrir siempre a procedimientos pacíficos”, advirtió Santos.
De inmediato, Nicaragua reaccionó y, a través de su representante ante la CIJ, Carlos Argüello, dijo que se trata de un acto “desesperado” que no variará el fallo.
“No tiene ningún sentido retirarse del Pacto de Bogotá porque los límites marítimos fijados para Nicaragua y Colombia son cosa juzgada y nada influye en la sentencia”, precisó Argüello.
El fallo de la CIJ le resta más de 90 mil kilómetros cuadrados de Mar Caribe a Colombia, pero le reconoce la soberanía de los siete cayos del archipiélago de San Andrés.
SABÍA QUE
- Para analistas internacionales, la renuncia de Colombia al Pacto de Bogotá no es más que un acto de protesta, pero no tiene ningún efecto sobre el fallo.
- La decisión colombiana recién entrará en vigencia después de un proceso que dura un año.
- Lo que pretende el gobierno de Santos es evitar futuras demandas de países vecinos por temas limítrofes.
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