Christian Salas: "Con Odebrecht vemos corrupción a alta escala"

La primera autoridad peruana en ejercicio en caer por el caso Odebrecht es Félix Moreno, gobernador regional del Callao, quien tiene un mandato de prisión preventiva. Con el ex procurador Christian Salas analizamos esta resolución y el desarrollo del caso. Pide al Gobierno implementar acciones de prevención.

La defensa de Moreno dice que la prisión preventiva es un exceso, que se abusa de esta figura porque no hay peligro de fuga. ¿Eso se evaluará en la apelación?
Sin duda. Uno de los puntos fuertes que la defensa usará en la apelación será la no existencia del peligro de fuga. Esto, incluso, lo ha amerituado el juez en su sentencia y ha tenido que hacer un esfuerzo muy grande para definir que, pese a la buena conducta procesal del señor Moreno, existe el riesgo de perturbación. Este riesgo no puede basarse en suposiciones sino que tiene que haber una vinculación directa entre esas acciones de perturbación con el procesado.

¿Cómo se demostraría ese nexo directo?
Por ejemplo, no basta con que uno de los testigos diga: “Me ha llegado un mensaje amenazador”. Hay que vincularlo al procesado o a alguna persona cercana a él, con estos mensajes.

¿En qué supuestos es que se ordena una prisión preventiva si no hay peligro de fuga?
Son dos supuestos de peligro procesal. El primero es el peligro de fuga que consiste en que el procesado carece de arraigo, no tiene un domicilio conocido. El segundo es el peligro de obstrucción u obstaculización de la actividad probatoria, que significa que el procesado ha entorpecido la búsqueda de pruebas, ha eliminado documentos o ha intimidado testigos. Por eso es que un juez, cuando dicta una prisión preventiva, tiene que determinar prognosis de pena y el peligro procesal. En este caso, el juez no ha sustentado peligro de fuga sino peligro de obstrucción.

¿Hasta el momento solo hay testimonios en contra de Moreno, y no documentos o cuentas bancarias?
Efectivamente. El juez también planteó esta situación señalando que los colaboradores N° 3-2016 y el empresario Gil Shavit habían aportado información respecto a nombres claves, la forma en la que se habrían hecho los pagos, a través de qué empresa, la vinculación con el señor Luis Favre. Pero la defensa señalaba que estas versiones no estaban debidamente corroboradas. Aunque el juez señaló la existencia de correos electrónicos y movimientos bancarios que sustentaban la información.

¿Por qué existen otros casos, como el de Nadine Heredia, en el que también hay testimonios –el de Jorge Barata–, pero la Fiscalía no pidió prisión preventiva?
En el caso de Nadine Heredia, en relación al Gasoducto del Sur, hay información de colaboradores que la sindican como que ella habría tenido que ver con el nombramiento de los funcionarios de Proinversión para beneficiar a la empresa Odebrecht en esa contratación. Depende de cada fiscal si considera o no pertinente la medida de prisión preventiva. A veces se trata de un tema de estrategia, de medir cuándo es oportuno. Tengo entendido que la señora Nadine Heredia tiene una medida con restricciones.

Con Moreno preso, son 13 los gobernadores que fueron condenados o están procesados por corrupción. ¿Por qué ocurre esto en regiones?
Si uno hace un análisis histórico de los casos que involucran a gobiernos regionales o locales, veremos que hasta antes del 2014 eran hechos totalmente aislados. Luego estalla la lucha anticorrupción a nivel nacional y se destapan modalidades recurrentes. La Fiscalía y la Procuraduría Anticorrupción empiezan a seguir las pistas y a armar los casos. Ahora, con el caso Odebrecht, vemos un nivel de corrupción diferente, a alta escala, en el que empresas privadas habrían ido directamente a las cabezas. Eso lo vemos en el caso Interoceánica, con Alejandro Toledo, ahora ya se incluyó a Alan García en la Línea 1 del Metro de Lima, y estoy seguro de que más adelante es muy probable que en el caso Gasoducto del Sur también se incluya a Ollanta Humala.

Así como hay funcionarios o ex funcionarios corruptos, también hay una Fiscalía que los está acusando y un Poder Judicial que los está condenando. ¿Ha mejorado el sistema de justicia?
Es muy difícil dar un balance respecto a ello porque no podemos juzgar todo el sistema a partir de un caso. Lo que sí noto, desde hace 2 años, es que la ciudadanía, los medios de comunicación, ya están señalando, denunciando, y eso es bueno. Las autoridades deben reaccionar, pero sobre todo el Gobierno es el llamado a implementar políticas de prevención y eso requiere otro nivel de esfuerzo.

¿Cómo ve la acción de las procuradurías en estos casos emblemáticos?
En los casos que involucran a Odebrecht, estamos viendo actuar, con aciertos y desaciertos, únicamente a la Fiscalía.

¿Sin el apoyo de la procuraduría?
Lamentablemente, a nivel de defensa jurídica del Estado, estamos viendo una serie de descoordinaciones y se producen, a su vez, declaraciones que no conllevan a afinar estos niveles de planificación. Que los procuradores salgan a enfrentarse entre sí o con sus superiores, o señalen que no hay presupuesto, deja muy mal parado al sistema de defensa jurídica del Estado.

Autoficha

• “Soy abogado penalista y director de la firma Salas Beteta Abogados, conferencista nacional e internacional, presidente de la Escuela de Litigación Oral y ex procurador anticorrupción. En todos los casos de corrupción siempre hay alguien que corrompe y otro que es corrompido”.

• “La prisión preventiva es un requerimiento que el fiscal hace. Depende de su sustentación si el juez lo acepta o no. La defensa de Félix Moreno puede apelar, tiene tres días, y ya será la sala la que decida si va a confirmar o revocar la medida”.

• “Una de las reglas de investigación en caso de organización criminal es trabajar con colaboradores eficaces. En el contexto de la investigación, el colaborador sirve para unir indicios. El fiscal puede tener pruebas, pero los cabos sueltos los ata gracias a lo que el colaborador indica”.