02.DIC Lunes, 2024
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Opinión

Al margen de quién haya tenido la responsabilidad –el exdirector general de la Policía Nacional o el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas–, el hecho concreto que sugiere la situación en torno a Óscar López Meneses es que debajo del poder formal hay otra estructura de poder.

Santiago Pedraglio,Opina.21
spedraglio@peru21.com

No se sabe con certeza quién la maneja: si Montesinos, Villafuerte u otro personaje aún no identificado. Pero no se trata de cualquier poder, pues se requiere influencia para decidir sobre iniciativas que comprometen a altos oficiales de la Policía o de las Fuerzas Armadas. Tal estructura está fuera del control de los organismos elegidos e involucra a instituciones vinculadas a las fuerzas del orden, que ya de por sí concentran un alto poder por detentar el uso legal de la violencia, manejar los servicios de inteligencia y tener una capacidad operativa con la que ninguna otra institución del Estado puede competir.

Es posible que esa red sea una copia del fujimontesinismo, pero también puede estar ocurriendo que con el tiempo –ya han transcurrido 13 años desde el fin del gobierno de Fujimori– aquella estructura de poder paralelo se haya recompuesto.

El fujimontesinismo dejó una profunda huella respecto a cómo manejar el Estado y, según parece, esta sigue siendo respetada y hasta admirada por la mayoría de sus sucesores. Incluso, entre los propios políticos hay quienes consideran que es la única forma de gobernar el Perú, por más que esté claro que dicha forma lleva al autoritarismo y al control de la población apelando al miedo.

Entonces, de ahora en adelante, cuando se hable de informalidad o de estructuras ilegales, no solo habrá que mencionar el narcotráfico o la minería ilegal, sino también una estructura paralela al poder democrático e institucional establecido. Este reconocimiento impide imaginar que la Policía y otras instituciones centrales del Estado puedan avanzar sin aplicar una profunda reforma, para terminar de ganar la lucha por la democracia y la seguridad de los ciudadanos.


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