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Avelino Guillén: "Por amistad no se deben nombrar funcionarios"

“Tiene que haber una reacción del Gobierno (luego del caso de Carlos Moreno). Estoy seguro de que lo hará. Tiene que diseñarse una política integral. El tema anticorrupción no está en la agenda inmediata. Es una debilidad”, opina el jurista.

(Roberto Cáceres)
(Roberto Cáceres)
Ricardo Monzón Kcomt

Ricardo Monzón Kcomt

@rmk_04

La primera crisis del gobierno tiene nombre propio: Carlos Moreno. El ex asesor presidencial ha remecido la administración de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cuáles son las implicancias penales? El abogado Avelino Guillén lo explica en esta entrevista.

Para usted, ¿este es un caso de corrupción?
Este es un grave caso de corrupción que merece investigarse a profundidad. El texto de la transcripción de los audios revela hasta qué punto puede llegar la voracidad y el afán de obtener a como dé lugar ingresos ilícitos. Si es cierto el contenido de los audios, revela hasta qué punto llega la miseria humana. Se piensa en los pacientes como si fueran números, cosas, solo para lucrar.

Moreno dice que sus palabras fueron sacadas de contexto para darle un sentido distinto a lo que se refería. ¿Cuán verosímil es esa hipótesis?
Al parecer, esa es una estrategia de defensa inicial. En todo caso, la autenticidad o no de los audios, o si fueron objeto de manipulación lo determinarán las pericias. Pero recuerde usted que todas las personas que han estado involucradas en temas de corrupción han dicho que el audio estaba manipulado, que esa no es su voz. Niegan todo. Pero lo cierto es que, como se presenta el caso, hay una conversación fluida con un objetivo específico.

Él dice que sí es su voz, solo que está fuera de contexto.
Claro. Moreno reconoce que es su voz y que la conversación se produjo. Entonces, no alcanzo a entender a qué se refiere con que lo han sacado de contexto. Me parece poco verosímil, no creíble. En todo caso, la justicia determinará esto. La Fiscalía Anticorrupción tiene que hacer una investigación a profundidad viendo rigurosamente los plazos. Una investigación preliminar tiene que ser rápida, no debe demorar más de 20 días.

Apenas difundida esta noticia, se encontraron antecedentes similares de Moreno cuando fue funcionario en otros gobiernos. Incluso fue condenado a prisión suspendida. ¿Cómo evalúa que este gobierno dé confianza a un personaje cuestionado?
Bueno, es una segunda gran llamada de atención. Aquí hubo una debilidad. Fallaron los sistemas de control, de filtro, que debe tener la administración pública para incorporar a funcionarios de alto nivel, porque no es un cargo cualquiera, es el asesor del presidente, está en la cúpula del poder. Él mismo declaró que le habían propuesto el cargo de ministro a pesar de que se conocían estas denuncias porque Hildebrandt en sus trece publicó estos antecedentes. Entonces, creo que es una llamada de atención. En todo gobierno siempre habrá casos de corrupción. Lo que debe haber es una respuesta de cero impunidad, enérgica, rápida.

¿Cree que realmente fallaron los filtros? Moreno no solo era un profesional, sino un amigo del presidente.
Fue un grave error su nombramiento como consejero presidencial. Acá lo que debe privilegiarse es el interés del país. Se deben nombrar funcionarios no con base en la amistad o cercanía, sino con base en lo que se considere que es lo más valioso y que significará un aporte real al país. Conociendo estos antecedentes, el señor Moreno nunca debió ser incorporado a la administración pública y menos en un cargo tan cercano al presidente.

¿Cómo evalúa la actitud del gobierno tras la denuncia?
Ha sido una buena señal. Ha dictado medidas de carácter administrativo y judicial. Por un lado, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el señor Moreno y, por el otro, ha iniciado medidas severas, como reorganizar el SIS y la aceptación de renuncia de varios de sus funcionarios. Aquí lo que está pendiente es una evaluación integral de la conducta funcional del régimen del señor Ollanta Humala. No existe una evaluación de hasta qué punto han actuado los funcionarios de los diferentes ministerios del gobierno anterior.

¿Funcionarios del gobierno pasado, que se mantienen en el actual, podrían haber cometido actos de corrupción?
Por supuesto. Hay que hacer una evaluación integral de todo el régimen del señor Humala. Lo positivo de la denuncia al señor Moreno es que esto puede permitir una evaluación de la gestión anterior. No hay que quedarnos en el tema del SIS, sino en todo el sistema estatal.

¿Hasta dónde puede estar involucrado el gobierno con el caso de Moreno?
Para mí, esta es responsabilidad de Moreno. Habría hecho uso indebido de la confianza que le brindó el presidente. Lo que hay que analizar es qué otras personas están involucradas con él.

En uno de los audios, Moreno menciona a Susana de la Puente, quien –asegura– le abrió varias puertas.
Esa explicación seguro la sabrá responder la señora De la Puente. Él dice “me está abriendo puertas”. Puede estar ufanándose, vendiendo humo o inventando influencias. Corresponde a las personas involucradas dar respuesta a esta mención.

Según la encuesta de Datum, que publicó Perú21, el 50% de la población percibe que el gobierno es poco efectivo en la lucha contra la corrupción. El 38% dice que es nada efectivo. ¿Cree que las cifras serán más desfavorables?
Tiene que haber una reacción del gobierno. Estoy seguro de que lo hará. Tiene que diseñarse una política integral. El tema de anticorrupción no está en la agenda inmediata. Es una debilidad.

AUTOFICHA

  • “En 1994 fui nombrado fiscal superior. También fui fiscal supremo adjunto. Yo aspiro a que mis hijos vivan en una sociedad más justa. Sin corrupción. Sin impunidad. Que aspiremos al respeto de la ley y que se sancione a las personas que traicionan la confianza que se les otorga”.
  • “Los términos que utiliza Moreno en los audios son lacerantes para la sociedad. Él quería organizar pequeñas redes. La medicina como una empresa. Ojalá que el Colegio Médico también reaccione y sus capítulos deontológicos inicien una respuesta”.
  • “Yo prefiero que la investigación se dé a nivel del Ministerio Público, no en el Congreso. Esto tiene un contenido de carácter penal. Una probable tentativa de tráfico de influencias, habría que ver si hay asociación ilícita… Veremos cómo se dan las investigaciones”.

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