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Opinión

Andoas se encuentra en la provincia de Datem del Marañón (Loreto), que tiene una larga historia de producción petrolera. Allí, el actual conflicto se arrastra desde hace varios años. El 19 de abril del 2010, con el título “Conflicto asoma en Andoas”, el diario La República informaba que dirigentes nativos y apus de la provincia habían llegado a Lima para advertir que “de no ser escuchados volverán a tomar el aeropuerto de Pluspetrol como ocurrió en el año 2008”.

La Defensoría del Pueblo ha manifestado reiteradas veces su preocupación al respecto: “Para los pueblos indígenas de la zona es esencial la remedición ambiental de las zonas impactadas, la provisión de los servicios públicos como agua y saneamiento, la atención de sus pedidos sobre titulación de tierras, así como la realización de consulta previa del lote 1AB, cuyo contrato de licencia vence en agosto del 2015” (blog de la DP, 5.6.2014). Después de más de 40 años de explotación petrolera en la zona, ¿cómo se explica que falten agua y saneamiento, o que no se haya entregado títulos?

En Pichanaki, provincia de Chanchamayo, Junín, el asunto es diferente. En este caso se trata de la resistencia de un sector de la población a la exploración por Pluspetrol. Este conflicto fue alertado desde agosto del año pasado por la Defensoría del Pueblo (Informe de Conflicto de la Defensoría n° 126). Lo consideró una alerta temprana, pero que merecía una atención inmediata.

La legitimidad de las demandas de un sector de la población no obvia que existan comunidades nativas con expectativas de constituir empresas comunales para beneficiarse de la explotación de los recursos.

En ambos casos, el doble origen del conflicto es la desconfianza de la población frente al Estado y la bastante cuestionable historia de la explotación petrolera y gasífera en el país, en relación con las comunidades nativas de los respectivos entornos. ¿Tendrán que tener siempre estos conflictos una “cuota de sangre” para ser seriamente escuchados en Lima?


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