Funcionarios públicos

Los funcionarios públicos sentenciados por delitos contra la administración pública estarán impedidos de postular a cargos de elección popular si se aprueba el proyecto de ley presentado por el legislador Vicente Zeballos.

La Comisión de la Mujer del Congreso aprobó en forma unánime la propuesta que plantea aumentar a dos y hasta cuatro años de pena privativa de la libertad al funcionario o servidor público que omita, rehúsa o retarda algún acto a su cargo en proceso de violencia familiar, feminicidio, trata de personas, delitos contra la libertad sexual y procedimientos de garantías personales.

En 2013 se impusieron un total de 212 sentencias condenatorias por delitos cometidos por funcionarios públicos, informó la coordinadora del subsistema anticorrupción de la Corte de Lima, Susana Castañeda.

La Contraloría General de la República demandó por la vía civil a funcionarios del gobierno regional de Loreto, quienes habrían ocasionado un perjuicio económico a la citada entidad regional por más de S/.1’400,000.

Los funcionarios o servidores públicos podrán ser perseguidos penalmente desde su designación, elección o proclamación, en caso de cometer actos de corrupción según lo señala el proyecto de ley aprobado hoy por el Pleno del Congreso.

Un total de 6,298 funcionarios y servidores públicos a nivel nacional fueron condenados por el Poder Judicial por delitos de corrupción entre 2007 y agosto del presente año, informó el presidente de ese poder del Estado, Enrique Mendoza.

Un total de 6,298 funcionarios y servidores públicos a nivel nacional fueron condenados por el Poder Judicial por delitos de corrupción entre 2007 y agosto del presente año, informó el presidente de ese poder del Estado, Enrique Mendoza.

La Contraloría General de la República ha iniciado 739 procesos judiciales civiles y penales contra un total de 3,735 funcionarios por delitos de corrupción desde el año 2009 a la fecha, reveló ayer el titular de esa entidad, Fuad Khoury.

La Contraloría General presentó un proyecto de Ley al Congreso de la República para que los funcionarios públicos presenten una declaración jurada que especifique, con claridad, sus bienes en el Perú y en el extranjero. Quienes no cumplan con dicha norma serán sancionados con el 20 % de su remuneración total; mientras que quienes omitan información se les aplicará una multa del 10 al 20 % de su sueldo.

Fritz Du Bois, La opinión del director Estamos irritados por el absurdo nivel de resguardo policial que tienen funcionarios públicos cuyos salarios y otros gastos también son cubiertos con los impuestos que todos pagamos. Nos sentimos indignados de que los vehículos oficiales no se detengan en los semáforos ni respeten los límites de velocidad y que, para colmo, no paguen sus multas de tránsito. Cuestionamos la ineficiencia de las autoridades y hasta estamos dispuestos a firmar planillones para que sean revocadas.

¿Tiene una idea de cuántos efectivos de la Policía son destinados al resguardo de funcionarios públicos y de embajadores? Unos mil agentes, tal como lo confirmaron diversas fuentes de la institución consultadas por Perú21.

¿Tiene una idea de cuántos efectivos de la Policía son destinados al resguardo de funcionarios públicos y de embajadores? Unos mil agentes, tal como lo confirmaron diversas fuentes de la institución consultadas por Perú21.

Fritz Du Bois,La opinión del director Confirmando la impresión que dan de estar permanentemente ausentes o desinformados, la cúpula policial parece hacer un esfuerzo especial para siempre quedar pésimo con los ciudadanos.

La Contraloría General de la República instó a las autoridades y a los funcionarios del sector público a mantener la “neutralidad” y la “absoluta imparcialidad política” durante el próximo proceso de revocatoria a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y a los 39 regidores.

Con el propósito de impulsar la lucha contra la corrupción, el Ejecutivo decidió reabrir el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido de Funcionarios y Servidores Públicos. La Presidencia del Consejo de Ministros, en coordinación con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), abrió ayer públicamente dicho padrón, que había sido cerrado por el gobierno anterior.

Fritz Du Bois, La opinión del director Ha sido una semana inusual ante el número de poderes del Estado que, simultáneamente, han demostrado que no están al servicio del ciudadano. Empecemos con el Congreso donde, a pesar de diversos intentos durante un año y medio, no han logrado ponerse de acuerdo para designar a una serie de funcionarios, desde el defensor del Pueblo hasta seis vocales del Tribunal Constitucional, pasando por la mitad del directorio del Banco Central. Han transcurrido 17 meses y no hay ni un solo nombrado.

Desde Arequipa, el ministro de Economía, Luis Castilla, anunció la reestructuración de Proinversión con el fin de acelerar la concesión de obras públicas.

Desde Arequipa, el ministro de Economía, Luis Castilla, anunció la reestructuración de Proinversión con el fin de acelerar la concesión de obras públicas. El proceso incluye el aumento de sueldos para que los funcionarios “no tengan miedo de firmar proyectos para no ir presos”.

Gianfranco Castagnola,Al.Mercado gcastagnola@peru21.com

El extitular de la comisión que investigó el caso de las firmas falsas de Perú Posible, Édgar Villanueva, denunció que las pesquisas a Carmen Burga –denunciada por ese hecho– no prosperaron por la intervención del exmandatario Alejandro Toledo. En el año 2010, Burga fue reincorporada al Reniec por una orden judicial. Su esposo, Óscar Villanueva, labora en el Jurado Nacional de Elecciones.

Hora cero. La Contraloría General informó que desde ayer se encuentra expedita para aplicar sanciones administrativas a todos los funcionarios o servidores públicos que hubieran cometido irregularidades graves o muy graves en perjuicio del Estado.

La Comisión de Justicia del Congreso debatirá un proyecto de ley de conflicto de intereses, que plantea la obligatoriedad de todos los funcionarios públicos con poder de decisión y manejo de fondos públicos, de presentar una declaración jurada anual respecto de sus actividades de carácter profesional, ocupacional o y/o comercial.

Acogiendo una propuesta de la Contraloría General, el Poder Ejecutivo amplió la Ley de Pérdida de Dominio a casos de corrupción de funcionarios y dispuso que los bienes y/o recursos adquiridos por los funcionarios públicos procesados por actos de corrupción serán pasibles de embargo.