Los funcionarios públicos sentenciados por delitos contra la administración pública estarán impedidos de postular a cargos de elección popular si se aprueba el proyecto de ley presentado por el legislador Vicente Zeballos.
El representante de Solidaridad Nacional fundamentó que estas personas no pueden volver a manejar ingentes recursos públicos.
Explicó que actualmente ya el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) está facultado para excluir de una lista al candidato que tiene sentencia consentida o ejecutoriada y con pena privativa de la libertad.
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