Análisis.21

El 10 de julio, los congresistas allegados a la ex candidata presidencial Verónika Mendoza anunciaron su separación del Frente Amplio. En total, fueron 10 parlamentarios los que decidieron el alejamiento, partiendo al Frente Amplio en dos partes iguales.

Cuando se habla de reformas que garanticen el mejor funcionamiento de los partidos, deben notarse las disonancias existentes entre la militancia y el caudal electoral. La información disponible en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE da algunas luces de gran utilidad no solo para la reforma, sino también para las elecciones subnacionales del próximo año.

Instalada la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, las preocupaciones se han dirigido a los alcaldes y gobernadores regionales. Pero lo que no se ha comentado aún es una adicional fuente de presión: los parlamentarios que representan las zonas afectadas (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima-Provincias). En total, son 30 de los 130 congresistas.

La última vez que se eligió una representación parlamentaria de izquierda fue en 1990, con dos agrupaciones. La Izquierda Unida (IU) logró 6 senadurías y 16 diputaciones; la Izquierda Socialista (IS) tuvo un rendimiento menor: 3 senadores y 4 diputados.

Yo creo que hay que estar en alerta. Que sea una espera armada. No hay que bajar la guardia sobre el reporte de los cinco casos de virus de AH1N1 en el Callao. Los médicos deben estar preparados y tienen que ir de la mano con los medicamentos abastecidos para este tratamiento. El 80% de los casos con AH1N1 son fáciles de manejar, mientras que el 20% son casos serios. De esta última cifra, el 5% puede devenir en casos graves, como lo sucedido con la última víctima, quien padecía de cirrosis, obesidad morbida y otros. Este virus se activa periódicamente en épocas en las que son más crudos el frio y la humedad. Es en este tiempo en el que todos tienen que cuidarse mucho más que en otras circunstancias. Hay que prevenir el contagio tomando varias precauciones como, por ejemplo, evitar la conglomeración de gente, buscar espacios ventilados y considerando otras medidas. Este virus, que llegó en el año 2009 a nuestro país, se encuentra actualmente en un estado estacional. Ahora, afortunadamente, existe una vacuna al alcance de todos y que no debe dejar de aplicarse.

Para entender la problemática de los adolescentes hay que situarlos en tres espacios en los que se desenvuelven: la escuela, la calle y la familia. De estos, el último es el más importante.

La gente ha tomado conciencia del impacto de la pasta básica de cocaína, tanto en lo que genera en el organismo como a nivel psicológico. Asimismo, asocia este tipo de droga con la criminalidad. Siempre que se escucha de la detención de un delincuente, de un asesino, este siempre cae con envoltorios de PBC. Además, la percepción de riesgo de consumo ha crecido. La gente ahora percibe el daño y el deterioro que genera el consumo de esta droga. Frente a ello, siente temor a consumir ya que deshumaniza. Respecto a la marihuana, pareciera que hubiera aumentado ligeramente la percepción de los daños que genera esta droga y, por ello, la gente la considera peligrosa. En el tema del tabaco ha habido un avance en la prevención, pero preocupa su consumo en los adolescentes y, en especial, en provincias, donde hay una tendencia al incremento. En cuanto a las normas sobre la venta de drogas legales, si bien existen, el problema radica en el incumplimiento de las mismas y en la informalidad. Hay un gran forado en el respeto a estas leyes. Estamos lejos de hacerlas cumplir.

Hace muchos años tuve la oportunidad de entrevistar al muy conocido doctor José Luis Pérez Albela, quien decía que el cielo plomo de Lima aploma y que ello impacta en el ánimo.

Es lamentable que el Centro de Lima esté sufriendo el descuido de la municipalidad. Vemos que zonas como Mesa Redonda y el Mercado Central están repletas de ambulantes que ofrecen todo tipo de productos. Esta situación nos perjudica a los empresarios y a los comerciantes. No es lo que queremos para nuestra ciudad. Un gran número de vendedores informales continúa trabajando a lo largo del Jirón de la Unión, pese a que la comuna limeña anunció que los sacaría. Ellos comienzan a salir a las calles a partir de las 2:00 de la tarde. Luego se van y retornan a las 5:00 o 6:00 de la tarde, para quedarse hasta altas horas de la noche e, incluso, en la madrugada. El personal del Serenazgo de Lima está desplegado en este lugar solo durante ciertas horas del día, pero los informales ya saben en qué momento no están y aprovechan para ofrecer sus productos. Un hecho que también preocupa es que en los últimos meses ha aumentado la presencia de indigentes, así como de cantantes o músicos que sufren alguna discapacidad. Yo invoco a la alcaldesa Susana Villarán a que ponga orden y frene la venta informal en las calles del Centro de Lima. Tenemos este problema exactamente desde hace dos años. Nos perjudica enormemente, y requerimos la pronta respuesta del municipio.

Estamos frente a un concurso de delitos y, además, ante una sumatoria de penas. Contra los padres hay un agravante por el grado de filiación. El primer delito es el de trata de personas, que implica la explotación económica. Hay una gradualidad de penas que no baja de cuatro años y que depende de los daños que haya sufrido el menor durante la explotación, como es el caso de haber sido violado, lesionado o que le hayan provocado la muerte. La pena máxima es de 12 años. Tanto el padre como la persona que lo alquila y lo explota es coautor del hecho delictivo. El otro delito es el de la exposición de personas al peligro, cuando los padres buscan obtener un beneficio económico utilizando a sus hijos. Los exponen a las altas horas de la noche, a una carretera peligrosa, cerca de un prostíbulo o de gente de malvivir. En este caso, la pena es de cinco años de cárcel, y si hay agravantes, es de 12 años. Si hablamos de un alquiler, estamos frente a una contravención del Código del Niño y del Adolescente. La Fiscalía podría intervenir.

Entiendo que las Afocat no están honrando el pago de los montos para atender a los accidentados como, por ejemplo, el costeo de las clínicas, las indemnizaciones, etc. Estas aseguradoras han estado funcionando bien, pero los organismos supervisores deben cumplir su tarea. La SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP) tiene que fiscalizar y tomar medidas correctivas, pues no puede ser posible que estas compañías lucren con el dolor humano. Deben sancionar y hasta quitarles las autorizaciones. Yo impulsé la creación de las Afocat en el Parlamento y no estoy arrepentido. El problema es que no hay un control de las mismas. La idea de las Afocat es que iban a permitir abaratar costos, dado que había un oligopolio –controlado por las aseguradoras que venden el SOAT– que brindaba un servicio demasiado caro. Entiendo, por otro lado, que hay algunos proyectos en el Congreso de la República para mejorar este sistema de seguro vehicular. Esperemos que haya resultados positivos.

En principio, la reincidencia y la habitualidad solo se dan en los delitos más graves. Los que cometen una falta van a parar a un juzgado de paz letrado, en el que la misma prescribe. Esto hace que muchos hampones vuelvan a delinquir con impunidad. Se trata de chicos que van dos o tres veces al mes o a la semana a la comisaría y que nunca reciben mayor sanción. La intención de convertir la habitualidad de faltas en delitos trata de corregir esta situación. En lo particular, me parece bien. Lo que se debe instalar es un registro nacional de faltas para que se conozca quiénes son los reincidentes. El Congreso tiene en sus manos la modificación del Código Penal, y el Ministerio de Justicia debe generar talleres en centros penitenciarios para reos primarios a fin de que estos presos –que no son de alta peligrosidad– puedan rehabilitarse y ser reincorporados a la sociedad.

El líder de la oposición venezolana, Henrique Capriles, mantuvo su ataque dialéctico contra el presidente Nicolás Maduro, a quien criticó por unas acusaciones que hizo ayer contra el canciller de Perú. “El Enchufado M (como Capriles llama a Maduro) ahora despotrica de otros Gobiernos de nuestra América Latina porque sólo quiere que le aplaudan las barbaridades que hace y dice”, escribió en Twitter.

El fiscal Raúl Sarmiento actuó irregularmente, hizo su denuncia (a Roberto Martínez), se fue de vacaciones, y se olvidó de un delito más grande: Asociación ilícita para delinquir. No comprendió a otras personas que estaban también coludidas en este caso. Sería irresponsable decir nombres porque no están incluidas (en el proceso), podría ser denunciado y esas personas se victimizarían (las supuestamente involucradas). No vamos a caer en ese juego. Este caso no termina con la apertura de proceso a Martínez. Nosotros hemos apelado la denuncia del fiscal provincial y el caso ha sido remitido a una instancia superior que debe determinar si amplía o no la denuncia. Además de violación del secreto de las comunicaciones (Martínez) ha cometido, también, el delito de asociación ilícita para delinquir.

Las reflexiones obvias sobre Venezuela, luego del 14 de abril, son que el país está dividido; que el chavismo sin Chávez se ha debilitado pero, a la vez, tiene un discurso de radicalización en lugar de reconciliación; y que a pesar del ventajismo y de la existencia de un Ministerio de Comicios (lo que el oficialismo llama “consejo electoral”) Maduro se mantiene, a duras penas, en el poder.

Los robos de autos han aumentado considerablemente en Lima y esto se debe a la bonanza económica que vivimos. Esto ha provocado que delincuentes extranjeros –de Colombia, México y Cuba– vengan a nuestro país para dedicarse a esta actividad ilícita. A la vez, hay mafias que sacan por las fronteras estos carros a Bolivia y a Ecuador.

Corea del Norte realiza múltiples amenazas y las naciones occidentales intervienen y llegan a acuerdos con este país, que lo que busca es ayuda humanitaria pues tiene problemas relacionados con la economía de su población. En tal sentido, este conflicto se va a solucionar antes de que pase a mayores. En tanto, quien busca sacar provecho de la situación es el actual líder norcoreano, Kim Jong-un.

Es increíble la facilidad que existe para comprar un registro de clientes en zonas como las avenidas Wilson y Túpac Amaru. Hasta un niño de 12 años puede adquirir estos productos en las calles de Lima. De esta forma vemos que hoy en día se viola libremente el derecho a la intimidad de los usuarios, a vista y paciencia de la autoridad policial. Ello debido a que este ilícito no está tipificado como delito. Sin embargo, esta problemática va más allá pues esas bases de datos están al alcance de los mismos delincuentes. Ante ello, resulta extremadamente necesario desincentivar tales conductas delictivas. No se puede permitir la venta de estas bases de datos y de información muy sensible de los consumidores. Hemos presentado un proyecto de ley ante el Congreso, y reconocemos que el tema es complejo. Por ello, esta propuesta puede ser mejorada. Confiamos en que tanto la Comisión de Justicia del Parlamento como la de Defensa del Consumidor iniciarán, lo más pronto posible, la revisión y estudio de la misma.

Esto guarda relación con lo que antes los delincuentes hacían a través del ‘cuento del Tumi de oro’. La gente sacaba dinero del banco y joyas en su afán de obtener el preciado objeto. Entonces, los hampones les hacían el cambiazo y les daban una piedra. Este tipo de acciones de la delincuencia es recurrente y, por eso, el Estado tiene que salir en defensa del ciudadano. La sanción penal en estos casos no debe ser solo por estafa, sino que se debe ser más drástico, debido a que se utiliza un medio de comunicación (teléfono) y se atenta contra la vulnerabilidad de las personas, lo que podría configurar una modalidad agravada. Yo voy a presentar un proyecto de ley en ese sentido para que se impongan penas más duras. La sanción penal debe ser de entre seis y ocho años de prisión para que sea efectiva. Actualmente, el Código Penal sanciona la estafa con dos años de cárcel, como mínimo, y seis, como máximo. No nos dejemos engañar cuando recibamos una llamada telefónica. En una conversación podemos dar información clave.

El Perú no tiene por qué participar en este diferendo, y así lo han hecho saber los últimos gobiernos, tanto el de Alan García como el de Ollanta Humala, lo cual no impide que nuestro país desee e invoque que las negociaciones entre Bolivia y Chile lleguen al mejor de los resultados. Más allá de eso, el Perú no tiene ninguna vela en este entierro.

Este es un proceso inédito en el Perú y quizás en América Latina, y si bien no es el primero en nuestra historia electoral, sí es el que ha concitado mayor interés en la opinión pública por tratarse de la consulta de revocatoria de la máxima autoridad edil de la capital de la República.

Desde que estalló el caso Conga y fue citado al Congreso, Gregorio Santos siempre quiso manipular sus respuestas para señalar que no tenía nada que ver con el tema.

“Parece que solo los paneles iniciales ayudaron al No. No ha habido ninguna otra estrategia importante que le diera un impulso definitivo y final en la última semana. Esto le da al Sí una gran ventaja, porque la última foto está a favor del Sí, y la sensación de ganador, que es de 14 puntos de diferencia, podría llevar a los indecisos a votar por el Sí. Tendría que ocurrir algo espectacular para que el No revierta la situación. El No debería asumir el riesgo de que la alcaldesa Susana Villarán vaya al debate. Incluso si fuera víctima de ataques, la victimización le podría ayudar. Creo que fue un error adelantar el pronunciamiento. Se la hubiera jugado después de la última encuesta y después del debate porque, si las cosas salen bien o mal, ya no puede salir otra vez”.

“Pienso que las exigencias del servicio (de patrullaje a pie) son mayores que el presupuesto que se tiene para afrontar estos pagos. La solución a este tema tiene que ser rápida. El director general de la Policía tiene que solicitar al ministro del Interior, a través de un documento, la transferencia de una partida, y este sector –mediante una resolución– debe hacerla efectiva. Una forma de acabar con esta informalidad de la compra de los días de franco es el aumento de 1,500 soles, desde suboficiales de tercera hasta capitanes, para que estos asuman un verdadero compromiso”.

Felicito la exhaustiva investigación que realizaron la Fiscalía y la Policía para desbaratar la avezada banda delincuencial ‘La Gran Familia’. Pero ahora existe un trabajo mucho más fuerte y de mayor dedicación que se debe cumplir para evitar que se reorganicen desde la cárcel, en complicidad con sus testaferros en la calle, con el fin de seguir operando en el norte y extenderse hasta Lima.

La venta de licor en establecimientos comerciales a menores no está sancionada con cárcel (a menos que exista un delito grave), sino en el plano administrativo. Sin embargo, vale la pena que –tras agotarse otras medidas, como una regulación a la publicidad de bebidas alcohólicas– el Estado revise la legislación para instaurar cárcel por vender alcohol.

Es muy difícil que este menor (‘Gringasho’) cambie y se readapte. No se dan las condiciones debido a la gente con la que este se relaciona. Ha adquirido notoriedad. Se ha ganado el respeto en el bajo mundo en el que se desenvuelve. Es una estrella y, además, tiene éxito con las mujeres. Todo esto refuerza su patrón de inconducta. Respecto a los centros de readaptación para adolescentes, sugiero que los programas sean diferenciados por delitos. No es igual un menor que cometió robo agravado que otro que haya cometido un asesinato. Deben ser separados y, en ese sentido, generar una motivación al cambio, siempre con ayuda de especialistas. Existen dos tipos de psicopatía: la primaria y la secundaria. En el caso de la primera, un niño tiene una conducta desadaptada, como robar un juguete, maltratar a sus amigos, matar a un animal. Si la familia no le pone reglas y no le enseña a diferenciar entre el bien y el mal, va a crecer así. Este tipo de menores necesita seguimiento toda la vida. En el otro caso, el menor sí puede ser readaptado.