Sudán del Sur permite a combatientes aliados "violar a mujeres a modo de salario"

Sudán del Sur permite a los combatientes “violar a mujeres a modo de salario”, denunció la ONU este viernes, al describir la situación de los derechos humanos en ese país en guerra como “una de las más horribles” del mundo.

El país más joven del mundo enfrenta “una de las situaciones de derechos humanos más horribles del mundo, con el uso masivo de la violación como instrumento de terror y arma de guerra”, explicó el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en un informe que cubre el período de octubre de 2015 a enero de 2016.

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“La escala y el tipo de violencias sexuales –que son por lo general cometidas por las fuerzas gubernamentales del Ejército Popular de Liberación de Sudán y sus milicias afiliadas– son descritos con detalles terribles, al igual que la actitud –casi casual pero calculada– de aquellos que han masacrado a civiles, destruido bienes y medios de subsistencia”, añadió el Alto Comisionado.

Para la ONU, “los actores estatales tienen la mayor responsabilidad por la violencia cometida en 2015, dado el debilitamiento de las fuerzas de la oposición”.

El informe señala que el gobierno lleva a cabo una “política de tierra quemada” y asegura que “según fuentes fiables, las autoridades permiten a grupos aliados violar a mujeres a modo de salario”, siguiendo el principio de “hagan lo que puedan y tomen lo que quieran”.

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Sudán del Sur, que se independizó de Sudán en julio de 2011 tras décadas de conflicto con Jartum, se encuentra inmerso en una guerra civil desde diciembre de 2013, cuando el presidente Salva Kiir acusó a su exvicepresidente, Riek Machar, de querer derrocarlo.

Más de 2.3 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares y decenas de miles han muerto debido al conflicto y a las atrocidades cometidas por ambos bandos.

El Alto Comisionado pide la creación -como prevé el acuerdo de paz firmado en agosto de 2015– de la “Corte híbrida”, encargada de investigar y juzgar a los responsables de crímenes desde el inicio de la guerra civil. En caso contrario, recomienda que se presente el caso a la Corte Penal Internacional (CPI).