Investigación paralela sobre masacre de Curuguaty causa revuelo en Paraguay

Un informe sobre el violento desalojo en Curuguaty –que dejó 17 muertos– ocurrida junio pasado en Paraguay elaborado por la llamada Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) provocó la indignación del fiscal de la causa, Jalil Rachid, quien lo consideró “traído de los pelos” y sin fundamento.

La indagación fue encargada por la PEICC al jurista español Aitor Martínez Jiménez, quien recogió numerosas pruebas de cómo se desarrollaron los hechos, muchas de las cuales desacreditan la versión oficial.

El reporte paralelo incluye un video en el que se demuestra que en el escenario del enfrentamiento, que provocó la muerte de 11 campesinos y seis policías, había mujeres y niños, por lo que se concluye que “no se preparó ninguna emboscada”.

En las imágenes se ve a los campesinos portando cuatro rudimentarias escopetas de caza que usan cartuchos y perdigones y se supo que “solamente una de ellas fue disparada”.

Asimismo, indican que minutos después de la llegada de los policías al campamento y cuando se acercaban al grupo de agricultores con intenciones de dialogar, se escuchan disparos de poderosas armas automáticas, que serían fusiles M16 o similares.

Algunos agricultores fueron abatidos durante ese primer tiroteo, efectuado aparentemente por francotiradores apostados en los montes cercanos, quienes “dispararon indiscriminadamente tanto a policías como a campesinos”, señala el reporte.

Fueron 10 segundos de disparos de armas automáticas e inmediatamente empiezan a escucharse disparos de las pistolas Beretta de 9 milímetros de la Policía paraguaya en respuesta a la confusión general que empezó a reinar en el lugar.

“La versión extraída de las declaraciones de varios policías y campesinos que sobrevivieron fue que francotiradores apostados alrededor comenzaron a disparar indiscriminadamente, propiciándose la masacre. Ambos actores, policías y campesinos coinciden en este punto”, revela el documento.

LA PEICC denuncia también que “los testigos advierten que, además de los disparos de larga distancia efectuados por la policía contra un campamento indefenso que no devolvía el fuego (ya que no cayó ningún policía más durante el asalto al haber desaparecido los fusiles automáticos), los policías accedieron ejecutando indiscriminadamente a todos los campesinos que fueron encontrando”.

El documento agrega que muchos campesinos murieron por “ajusticiamiento a corta distancia”, tratándose de “ajusticiamientos extrajudiciales”. El fiscal Rachid calificó de “muy grave” la acusación de estos investigadores paralelos a quienes acusó de “mentir a la gente”.

“Nuestra investigación no carece de validez como quieren hacer creer a la ciudadanía, hacen acusaciones irresponsables y no tienen idea de lo que están exponiendo”, añadió Rachid.

La versión oficial de la Fiscalía paraguaya incrimina a los campesinos y centra sus acusaciones en el dirigente Ruben Villaba, detenido el pasado jueves 27 de setiembre en un bosque, a cinco kilómetros de donde ocurrieron los hechos.

Como se recuerda, la masacre de Curuguaty precipitó el juicio político al entonces presidente Fernando Lugo, quien fue destituido el 22 de junio por la oposición en el Congreso. El exobispo fue culpado por mala administración y aquella matanza fue incluida en el libelo acusatorio que sirvió de argumento para su destitución.