Un informe sobre el violento desalojo en Curuguaty –que dejó 17 muertos– ocurrida junio pasado en Paraguay elaborado por la llamada Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) provocó la indignación del fiscal de la causa, Jalil Rachid, quien lo consideró “traído de los pelos” y sin fundamento.