Colombia avala definitivamente matrimonio entre personas del mismo sexo

Colombia avaló definitivamente este jueves el matrimonio entre personas del mismo sexo, tras una histórica decisión de la Corte Constitucional.

“Los jueces de la sala plena por mayoría sostuvieron que no viola el orden constitucional vigente el casar a las parejas de personas del mismo sexo, aplicando analógicamente la institución del matrimonio contemplada en la ley civil en la actualidad para las parejas de personas de sexo distinto”, expresó la presidente de la Corte Constitucional, María Victoria Calle.

En la sesión plenaria de este jueves, seis de los nueve magistrados de la Corte Constitucional, el máximo en Colombia en relación a la Carta Magna, decidieron que “toda persona es libre y autónoma para constituir una familia (…) acorde con su orientacion sexual recibiendo igual trato y protección bajo la Constitución y la ley”, agregó Calle.

Hace dos semanas, la Corte Constitucional había dado un paso decisivo hacia la aprobación formal del matrimonio igualitario al revocar una ponencia contraria a igualar los derechos de matrimonio de las parejas heterosexuales y homosexuales.

La ponencia votada este jueves, que recogía todos los elementos del sentido de la mayoría alcanzada el 7 de abril, supone un fallo definitivo que sienta jurisprudencia.

En Colombia existía un vacío legal tras vencer el 20 de junio 2013 el plazo que la misma Corte Constitucional había dado al Congreso para legislar sobre la materia.

Desde entonces, al no estar legislado el tema, sino interpretado por la Corte Constitucional en una sentencia, las parejas del mismo sexo podían acudir ante un juez, notario o registrador para formalizar su vínculo con efecto de matrimonio civil.

Pero pocos funcionarios se arriesgaban a registrar uniones en esos términos, lo cual motivó el reclamo de la comunidad gay de Colombia.

Este jueves, al pronunciarse sobre las seis tutelas que había sido llamada a examinar, la Corte Constitucional decidió que ante el acto de matrimonio, los jueces, notarios, y registradores del Estado Civil “deben asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, acordándoles a todos ellos igual trato”.