La Asociación Nacional de Prensa de Bolivia, que agrupa a la mayoría de los diarios, denunció una “asfixia publicitaria” del Gobierno del presidente Evo Morales por disponer la suspensión de la publicidad estatal a los diarios con independencia editorial.
A través de un comunicado, la asociación señala que la medida es un “nuevo atropello a la libertad de expresión” y pone en riesgo “la fuente laboral de cientos de periodistas, personal administrativo y de talleres de imprenta”.
Mencionó además que la exclusión de los medios de recibir anuncios publicitarios de entidades estatales vulnera el artículo 13 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señala:
La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por ley
El comunicado indica además que lamenta “una extendida campaña dirigida a desprestigiar el trabajo responsable de nuestros medios asociados se transforme en una agresión económica a manera de castigo contra el ejercicio de un periodismo alentado por la búsqueda de la verdad”.
La asociación hace referencia a los trabajos de investigación publicados antes del referéndum del pasado 21 de febrero en el que los bolivianos rechazaron por mayoría una reforma constitucional para permitir que Evo Morales vuelva a postular como candidato presidencial en 2019.
La derrota de Morales fue atribuida a una “guerra sucia” emprendida por los medios de prensa al publicar investigaciones sobre un supuesto tráfico de influencias a favor de la empresa china CAMC en la que trabajó una ex pareja de Morales, Gabriela Zapata (actualmente detenida por investigaciones sobre este caso) y por la existencia de un hijo del presidente boliviano a quien se le creía muerto.
Según la Asociación Nacional de Prensa, los hechos de corrupción, tráfico de influencias y acusaciones que involucran a altos funcionarios “cobraron interés informativo porque son actos que comprometen el uso de dinero y bienes públicos”.
Los medios de prensa asociados, por su parte, manifestaron su ratificación de su compromiso de informar “de manera independiente, apoyados en las libertades constitucionales y en rechazo a una política que pretende imponer el silencio”.
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