Con escándalo y denuncias, la Cámara de Diputados de Argentina convirtió este jueves en ley dos proyectos de reforma a la justicia que aumentarán la influencia del gobierno de Cristina Fernández sobre el Poder Judicial y tornará más difícil litigar ante el Estado.
El oficialismo, que defendió la reforma como una forma de democratizar el Poder Judicial argentino, pese a quejas de la oposición y a masivas protestas callejeras, espera aprobar otras disposiciones de cambios en la justicia en las próximas semanas.
Según las normas aprobadas tras una maratónica sesión, el dictado de medidas cautelares para suspender decisiones del Estado solo podrá ser hecho por un juez cuando se encuentre comprometida directamente la vida o la salud de la persona o un derecho de naturaleza alimentaria.
El diputado peronista Jorge Yoma, un oficialista que ha expresado desencanto con el rumbo intervencionista del Kirchnerisno, dijo que la limitación de las medidas cautelares “es una de las leyes más indignas que votó el Congreso en 30 años de democracia”.
Según juristas críticos de las medidas, la limitación al dictado de cautelares viola el principio de igualdad entre Estado y ciudadanos.
Varios jueces han frenado reformas del Gobierno mediante medidas cautelares solicitadas por empresas u organizaciones que las consideraron lesivas a sus intereses.
Por las reformas aprobadas también se crearán nuevas cámaras de casación. Juristas también advirtieron que esas nuevas cámaras serán integradas por jueces que podrían ser removidos fácilmente, condicionando el dictado de sentencias.
La diputada opositora Elisa Carrió, de la centroizquierdista Coalición Cívica, dijo que nuevas cámaras obstaculizarán el acceso a la justicia o demorarán la definición de causas. “A jubilados (reclamando mejoras de pensiones) se les va a ir la vida en esto”, expresó.
Empleados de la justicia llamaron a una huelga el jueves en protesta contra la reforma.
El jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, rechazó las críticas y dijo que con ellas la oposición solo busca “generar un clima horrible” e “inocular el odio en el pueblo argentino”.
Las reformas ocurren luego de severas críticas de la mandataria Cristina Fernández a jueces por haber frenado leyes consideradas claves por su Gobierno, especialmente una que limita la propiedad de medios de comunicación y que obligaría al mayor conglomerado del rubro, el Grupo Clarín, a desprenderse de licencias.
Clarín apeló ante la justicia disposiciones de la reforma a la ley de medios de comunicación, porque considera inconstitucionales algunas de sus exigencias.
Esas apelaciones provocaron medidas cautelares que han servido para congelar un proceso de desinversión, en un caso que podría llegar hasta la Corte Suprema.
Cristina Fernández criticó a los jueces que dictaron esas medidas cautelares, las cuales calificó como una “distorsión del derecho”. También ha acusado al Poder Judicial de trabajar a favor de “corporaciones” que asegura buscan desestabilizar a su Gobierno.
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