Santiago Pedraglio,Opina.21
spedraglio@peru21.com
El especialista señala que las zonas amazónicas de las provincias de La Convención (Cusco) y Sandia y Carabaya (Puno), así como una parte del oriente boliviano, se están convirtiendo en la ruta de transporte de cocaína y de pasta básica hacia el Brasil, que se estaría transformando en un gran consumidor mundial de estas dos sustancias ilegales.
Sin el menor ánimo de satanizar a Puno, vale la pena que las autoridades nacionales, regionales y locales tomen nota del escenario que se está creando a raíz de este problema.
Sumado al agresivo negocio del contrabando y a la minería ilegal, este tráfico crea una red de poderes fácticos especialmente amenazantes para esta región del sur del país.
No se trata de aplicar una estrategia principalmente militar o policial, porque el fracaso de una operación así estaría adelantado, pero sí de impulsar una agresiva presencia del Estado, no solo con educación, salud y redes viales, sino también con el incremento de posibilidades de negocios y puestos de trabajos lícitos en la propia minería y en los sectores vinculados a la producción agropecuaria, frente a la cual el Estado –desde hace varios gobiernos– poco o nada está diciendo.
Como agravante no menor, hay que tener en cuenta que la “industria” de la pasta básica y de la cocaína abre la posibilidad de que la banda armada de los hermanos Quispe Palomino –ahora recluida principalmente en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM)– se extienda hasta la frontera con Bolivia.
Antes de que esto ocurra, urge una coalición política y social dirigida por los presidentes regionales con el apoyo del Gobierno Central.
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