Un proyecto de ley en el Congreso busca evitar que las centrales de riesgo crediticio se dediquen también a cobrar las deudas de los usuarios en diversos sectores del mercado.
La iniciativa, cuyo autor es el parlamentario Jaime Delgado, señala que si bien estas empresas fueron creadas para registrar la información crediticia de las personas, actualmente –y debido a un vacío legal– están realizando gestiones de cobranza.
La Ley 27863, que regula su funcionamiento, precisa que estas compañías están encargadas de recolectar y procesar información de riesgo.
Por ello, deben “garantizar el respeto a los derechos de los titulares de la misma, promoviendo veracidad, confidencialidad y su uso apropiado”, dice.
Sin embargo, en los últimos años se ha desvirtuado su naturaleza jurídica. “Realizan actividades distintas, promueven y efectúan acciones de cobranza haciendo uso ilegal de la información que poseen”, anota.
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