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Opinión

Una de las claves para entender nuestro sistema de partidos políticos son sus fuentes de financiamiento. Entender de dónde viene y a dónde va el dinero que manejan los partidos es una buena forma de comprender el comportamiento típico de un partido, así como los ejes programáticos de sus líderes y miembros.

Juan José Garrido,La opinión del director
director@peru21.com

En nuestro país, según la ley, el Estado debería transferir recursos a los partidos con inscripción vigente. Pero no es así, con lo que los partidos deben conseguir fuentes de financiamiento propias.

Lo tradicional son entonces las donaciones y los aportes. Las primeras solo aparecen durante las etapas electorales y dependen de las posibilidades del partido. Los aportes de sus miembros son casi inexistentes. En pocas palabras, la mayoría de partidos tradicionales son un pequeño club de amigos que se financia en base a los pocos aportes que consiguen, esperando la etapa electoral para salir a recaudar fondos.

Esta realidad ha dado paso a un nuevo estilo de partidocracia: la de caciques que, con fondos propios o de terceros, financian sus aventuras políticas. El caso de César Acuña es probablemente el más visible; no obstante, ocurre lo mismo con distintas ONG que, como en el caso de GRUFIDES, más que llevar adelante proyectos educativos terminan sirviendo de caja chica de proyectos políticos, en este caso del líder de Tierra y Dignidad, Marco Arana.

Parte esencial de la mejora de nuestras instituciones pasa por corregir las graves imperfecciones de nuestro sistema partidario. Para ello es necesario establecer reglas claras que permitan asegurar la transparencia de lo que se recauda, así como el destino de esos fondos. Con mayor razón si tomamos en cuenta la intromisión de la minería ilegal y el narcotráfico, como en la última campaña.

La salud del sistema político depende en gran medida de una reforma que ataque de raíz este tema. Si no somos capaces de velar por el origen de los fondos, no podemos sorprendernos después cuando ciertos congresistas defienden la minería ilegal o sabotean acciones del Legislativo contra el narcotráfico.

¿Podrán los partidos auto-regularse?


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