Juan José Garrido,La opinión del director
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¿Qué es lo que sucede en nuestros sistema político que lo hace inmune e indolente frente los delitos cometidos? Porque no es un problema de personas específicas en cargos especiales y circunstancias idóneas. No; es mucho más grave que eso, y el problema principal es que se vuelve –poco a poco– en parte de nuestras fibras institucionales.
Quinquenio a quinquenio participamos de una lista interminable de denuncias, la gran mayoría de ellas extremadamente bien fundamentadas –y hasta probadas–, con testimonios, documentos e incluso registros audiovisuales. Podemos hacer un flashback a los vladivideos, si de imágenes se trata. Empero, no es necesario; basta con recorrer sumariamente el registro actual de los casos más evidentes: Toledo, Urtecho, Chehade, Romero, Anicama, Apaza, Pariona, Yovera, y otros que hacen la lista casi interminable.
¿Cuáles son los sistemas de incentivos y acuerdos tácitos que brindan tanta tranquilidad a los denunciados? Y, más importante aún, ¿de dónde provendrán los cambios institucionales para que ello no siga ocurriendo? Porque si algo queda claro es que, sea lo que sea que haga del sistema proclive a la podredumbre moral de quienes participan en él, no existen los incentivos suficientes para que los cambios provengan del mismo. Sería un infantilismo depositar en ello nuestras esperanzas.
El caso del congresista Michael Urtecho, sin ser el más grave, es uno que sirve perfectamente de ejemplo. Llevamos cuatro semanas descubriendo personas despojadas de sus ingresos, registros de donaciones inexistentes, facturas insostenibles y empresas fantasmas, y sin embargo el congresista se niega a enfrentar la realidad, aunque sea ya tan sólo por dignidad.
Algo tiene que cambiar. El problema tal vez sea que, a estas alturas, ya ni siquiera sabemos qué.
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