La luz roja del JNE y la ONPE

Santiago Pedraglio,Opina.21
Hablando claro sobre violencia, amenaza y acoso político, afirman que les preocupan “los riesgos de penetración del crimen organizado –narcotráfico, sicariato, extorsión– dentro del mencionado escenario político electoral y, con ello, el impacto en la vida de las personas, así como en las instituciones democráticas…”.

Debe agregarse que el narcotráfico y toda la economía ilegal tienen como estrategia fortalecer su control territorial. México es una advertencia: “El narcotráfico también vota y puede decidir quién o quiénes gobiernan las entidades en las que tiene un poder decisivo. (…) El narcotráfico se basa en su uso del poder local, en el control de municipios, en regiones, en ocasiones estados, mucho más que en las grandes estructuras de control nacional”, escriben Fernández y Ronquillo en De los Maras a los Zetas (2010).

Tal parece que, como allá, a los manejadores de las poderosas economías ilegales del Perú les está interesando más tener injerencia en alcaldías o regiones estratégicas que beneficiarse de unos cuantos parlamentarios leales… aunque, claro, no son esfuerzos excluyentes. Acá, además, la fragilidad o inexistencia de los partidos nacionales es otra puerta abierta para ellos.

Incluso el natural pragmatismo de estos truhanes los lleva a apostar, en una misma localidad o región, por varios candidatos y múltiples concejales (¿ven cómo los partidos y el Estado sí importan, y no son una rémora del siglo XX?).

Del pronunciamiento se desprende que urge un control estatal y social múltiple, no solo de los organismos electorales, en especial fiscalizar cómo se financia la política nacional, regional y local, y si existen lealtades con los “capitanes de empresa” de la economía ilegal. ¿Estaremos a tiempo?