Eximieron de pago de reparación a terroristas

Mientras el país se encontraba conmocionado por la difusión de los ‘vladivideos’, el gobierno de transición promulgó una ley –de su propia autoría– que eximió del pago de la reparación civil a los beneficiados con indulto o derecho de gracia que se dio para casos de terrorismo o de traición a la patria.

Se trata de la Ley N° 27468, promulgada por el presidente Valentín Paniagua y suscrita por su ministro de Justicia, Diego García Sayán, el 31 de mayo de 2001, y publicada al día siguiente en el diario oficial.

La norma modificó la Ley 26994, que otorgó beneficios complementarios al indulto y derecho de gracia concedidos conforme a la Ley 26655 (a través de la comisión ad hoc).

Hasta ese momento, los indultados alcanzaban la exención del pago de multa. Sin embargo, en la Ley N° 27468 se incluyó también la exención del pago de la reparación civil a favor del Estado.

El proyecto fue presentado por el Ejecutivo el 5 de diciembre de 2000, apenas dos semanas luego de que se instalara el gobierno de transición y cinco días después de la primera carta que enviaran Abimael Guzmán y la cúpula terrorista al presidente Paniagua.

El Parlamento lo aprobó el 17 de mayo, y la autógrafa lleva las firmas de Carlos Ferrero Costa y Henry Pease.

FUE UN EXCESO
El expresidente de la Sala Nacional Antiterrorista, Marcos Ibazeta, afirmó que dicha ley fue un exceso y confirma la “flexibilización” que se produjo durante la gestión de García Sayán en Justicia.

Ibazeta sostuvo que esa norma fue irregular porque modificaba la condena más allá de la atribución presidencial de otorgar el perdón.

“Fue una norma discriminatoria. Solo beneficiaba a presos por terrorismo y traición a la patria. Se excedieron completamente, y creo que la ley aún está vigente. Habría que revisar el tema”, puntualizó.

SABÍA QUE*

- El proyecto de ley 00957 fue derivado el 7 de diciem-bre a la Comisión de Justi-cia que presidía Daniel Estrada, quien había asumido el cargo unos días antes.

- El 24 de marzo de 2001 se aprueba el dictamen y el 19 de abril entra a la orden del día en la agenda del Pleno del Congreso.