Guillermo Giacosa,Opina.21
ggiacosa@peru21.com
El debate desnudó el contraste entre la defensa –sin concesiones– de un interés económico y los derechos de la sociedad. Los abogados del Grupo Clarín argumentaron que el multimedio podía hacer periodismo de investigación crítico del Gobierno, por la gran escala de sus negocios. “Frente a esta visión mercantilista, justificada en una posición liberal conservadora sobre la autonomía de la empresa que no admite límite alguno, la representación del interés público opuso una concepción estructural más propia de este siglo, que incluyó el derecho de todos a expresarse, el de la sociedad a recibir información de fuentes plurales y diversas, y la obligación del Estado de intervenir para asegurarlo”.
Clarín aseguró que solo controla el 40% del mercado audiovisual y afirmó que, si se lo redujeran al 35% que fija la ley, desaparecería la única voz crítica –según ellos– que existe en el país. En su desorbitada soberbia ni siquiera intentó explicar por qué la diferencia entre democracia y dictadura dependería del control de ese 5% del mercado. Esta ley –que ha sido discutida en asambleas públicas en todas las provincias, modificada para su mejoramiento, elogiada por la ONU y aprobada por amplia mayoría en el Congreso– ya ha servido, al menos, para hacer consciente el enfrentamiento entre un grupo con posición dominante en el mercado y los intereses del consumidor.
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