Acusan constitucionalmente a García por ‘narcoindultos’

Con los votos de la mayoría oficialista, la ‘megacomisión’ –que preside Sergio Tejada– concluyó que el expresidente Alan García Pérez incurrió en infracción constitucional al otorgar en forma irregular indultos o conmutaciones de pena a procesados y sentenciados por el delito de narcotráfico.

El acuerdo, que debe aún ser debatido y aprobado por el Pleno, podría, llegado el momento, determinar la inhabilitación del exmandatario para el ejercicio de la función pública e impedir su eventual postulación a la Presidencia de la República en 2016.

Rompiendo el acuerdo de reserva del grupo de trabajo, el legislador Enrique Wong reveló a RPP que la acusación constitucional se extiende también a los exministros de Justicia, Rosario Fernández, Aurelio Pastor y Víctor García Toma. Añadió que el acuerdo contó con el voto favorable de los oficialistas Tejada, Cristóbal Llatas y Juan Pari mientras que los fujimoristas Héctor Becerril y Carlos Tubino se abstuvieron. Él, por su parte, votó en contra. Tejada no confirmó lo dicho por Wong, pero Héctor Becerril sí expresó su fastidio por esta infidencia.

ENEMIGOS POLÍTICOS
Alan García, por su parte, sostuvo –a través de un comunicado público– que el acuerdo de la comisión Tejada carece de fundamento jurídico y “no constituye una novedad porque sus conclusiones fueron escritas en Palacio de Gobierno hace dos años”.

Agregó que el dictamen en su contra parte de “tres enemigos políticos sin ninguna imparcialidad”. “La obsesión por vetarme para que no compita electoralmente tuvo como objeto la reelección conyugal y ahora es impulsada por el rencor y la incapacidad de superar los logros de mi gobierno”, prosiguió.

Posteriormente, Tejada manifestó que las afirmaciones de García son reiterativas, y aclaró que la comisión no tiene facultad de recomendar la inhabilitación del exmandatario. Indicó también que se ha establecido que hubo cobros por conmutaciones.

SABÍA QUE

- Si el Pleno aprueba el informe, la denuncia contra García será analizada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

- Cumplido todo el procedimiento, el caso volverá al Pleno. De ser el caso, la aprobación de la inhabilitación requerirá el voto favorable de dos tercios del número de miembros del Congreso (87 votos).