A inicios de mes, la bancada Acción Popular-Frente Amplio presentó un proyecto de ley que tiene como finalidad el fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado, pero ¿cuál sería el impacto de esta iniciativa si sigue adelante en el Congreso?
Para el exministro de Economía y Finanzas Ismael Benavides, la propuesta es “inconstitucional” porque, si el privado puede encargarse de algunos temas, el Estado ya no necesita ocupar un rol de administrador, sino más bien de regulador y fiscalizador.
“Este proyecto nace de una idea que ya ha sido debatida en todo el mundo hace años y que ya no existe en los países desarrollados”, afirmó.
Uno de los problemas de esta propuesta, explicó, es que, al final, el manejo de las empresas estatales se vuelve un tema político, donde lo que gobierna es la corrupción y el hambre por el dinero.
Asimismo, recordó que el propio Gobierno permitió que los privados tengan una participación dentro de las estatales, por ejemplo, con la aprobación de la venta del 49% de las acciones de Petroperú, medida que sería similar en el caso de las eléctricas.
“Difícilmente tendrán éxito con la venta si solo se dispone del 49%, pero es algo. Lo que pretenden los congresistas sí es un retroceso para lo que se ha avanzado. Probablemente la iniciativa tiene algunos intereses”, afirmó.
SIN FUNDAMENTOS
Una postura similar tuvo el director gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), Miguel Palomino, quien calificó la propuesta como “ridícula”. “No creo que se apruebe algo tan absurdo y negativo para el país, que generaría una serie de problemas”, aseguró.
El experto recordó el ejemplo de Sedapal y cómo, con la administración del Estado, no existen muchos peruanos con acceso al servicio de agua potable.
“En el Perú, vía la participación privada es que ha mejorado la telefonía, que cada vez llega a más personas. Mientras, vemos el tema del agua: Sus acciones no generan mucho interés en el capital privado y es un caos total”, resaltó.
Del mismo modo, dijo que si el proyecto procede de los usuarios, serían los únicos que tendrían que pagar las consecuencias de esta decisión. “Hay que tomar en cuenta que el costo del servicio también mejora cuando lo maneja un privado”, destacó.
Para el experto, la idea que existe de que este tipo de propuestas genera una especie de “nacionalismo” no tiene fundamentos lógicos. “Es un argumento tonto pensar que soy menos peruano porque creo que el privado puede hacer un mejor trabajo”, precisó.
Y para tener la certeza de que no habrá errores cuando se le encarga a alguien fuera del Estado la administración de estas empresas, el representante del IPE recomendó que se elaboren mejores contratos de concesión.
GASTOS INNECESARIOS
A pesar de que señaló que aún no ha tenido la oportunidad de revisar el proyecto, el presidente de la Confiep, Alfonso García Miró, recordó que “en términos generales, en el Perú y el mundo, las empresas estatales solo han generado un despilfarro de recursos y han brindado una pésima calidad de sus servicios”.
“Eso de jugar al empresario para contratar al amigo es lo peor que le puede ocurrir al país, porque trae más pobreza, corrupción y degrado”, acotó.
Este tipo de “juegos a ser empresarios” –agregó– no tendrá más repercusión “porque la mayoría de personas ya entendió que no funcionan”.
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