Manuel Burga, un nuevo testimonio revive caso de lavado de activos

A cuatro días de las elecciones en la Federación Peruana de Fútbol, una nueva denuncia contra el actual presidente y candidato a una tercera reelección en dicho ente, Manuel Burga, remece el ámbito deportivo.

Si bien la defensa legal de la FPF alega que la investigación por el presunto lavado de activos que efectúa el Ministerio Público a Manuel Burga carece de fundamentos y que el caso que ya fue archivado hace unos años, el testimonio del suboficial PNP ( r ) Dante Gamarra Zuñé, que pertenecía a la División de Lavado de Activos de la Policía Nacional, aporta nuevas pistas.

Según una indagación de la revista Poder, habría existido un indebido manejo en la institución policial de las pesquisas al mencionado presidente de la FPF y a otras personas de su entorno.

Días antes de pasar al retiro, el entonces suboficial Gamarra concluyó en su investigación que “detrás de los cientos de movimientos bancarios y societarios entre las personas jurídicas y naturales sobre los que puso la lupa, existía una organización criminal que tenía como finalidad desviar el dinero de las arcas de la Federación Peruana de Fútbol, para el aprovechamiento de terceros que nada tenían que ver con la organización deportiva”, señala la publicación periodística.

Los supuestos actos ilícitos tienen relación con la escuela de entrenadores de fútbol denominada “Instituto Alfonso Huapaya Cabrera”, que fue creada por el Ministerio de Educación en 2001 y operó desde entonces en las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol.

El agente policial había detectado que Enrique Pacheco Farromeque, director interino designado aparentemente por Burga, registraba ingresos en sus cuentas bancarias personales por más de US$ 1 millón, entre el 2006 y el 2008. Y también compras a título personal de cuatro inmuebles (incluyendo una casa de playa) y alrededor de veinte vehículos y una embarcación.

Gamarra contó que el atestado policial que él elaboró no se derivó a la Fiscalía. Después tomó conocimiento de que únicamente se había remitido un parte policial, que benefició a Burga para que luego se archivara su caso en el Ministerio Público.