El ministro del Interior, Daniel Urresti, planteó el miércoles que la Policía Nacional deje de dar seguridad en los partidos del fútbol peruano desde 2015. Su propuesta generó polémica y reavivó el debate acerca de la violencia en los estadios de fútbol, pero ¿es viable que la responsabilidad recaiga solo en el sector privado?
Perú21 contactó a los ex ministros del Interior Octavio Salazar y Remigio Hernani. Ellos coincidieron en que es una obligación constitucional de la Policía resguardar el orden público, por lo que es imposible que los organizadores de los partidos contraten solo a agentes privados.
Salazar advierte incluso que sería muy peligroso, debido a que las empresas de seguridad no tienen la experiencia ni la logística para conservar el orden en espectáculos deportivos que movilizan a más de 10,000 personas, entre ellas a miembros de barras bravas.
“La Policía Nacional debe garantizar la seguridad en los estadios. Las empresas privadas no tienen la experiencia para realizar actividades de esta naturaleza (…) La vigilancia privada se emplea para actividades complementarias”, destacó el legislador de Fuerza Popular en diálogo con Perú21.
Al respecto, Hernani planteó que los clubes paguen un monto extra a la PNP para cubrir los costos que implica movilizar a los agentes. “En ninguna parte del mundo usted ve estadios sin policías. La seguridad privada puede ir en algunas puertas y dentro del estadio; sirve para colaborar, pero es la Policía la que predomina”, destacó.
En respuesta a Urresti, fuentes de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) dijeron al diario El Comercio que costean “desde los refrigerios de la Policía hasta el traslado de la caballería, los camiones y la gasolina. Nada es gratis”.
LEY A LA ESPERA
A su turno, el congresista Renzo Reggiardo señaló que el ministro Urresti debería enfocarse en reglamentar la Ley 30037, que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos.
El decreto – del que Reggiardo es coautor– fue promulgado en junio de 2013, pero aún no ha sido reglamentado, labor que corresponde al Ejecutivo. “Ya existe un marco legal para no llegar a extremos de hacer anuncios tan controversiales”, explicó a Perú21.
En su artículo 3, la norma destaca que la PNP dispone las medidas de seguridad para el “desplazamiento de los barristas de manera pacífica y segura”. Además, recomienda a los clubes suscribir acuerdos con la Policía y empresas de seguridad privada “para el cumplimiento de los fines de prevención y seguridad en el recinto”.
NO SE APLICA DECRETO SUPREMO
“Urresti está equivocado. La Policía no puede dejar de resguardar los espectáculos deportivos, pues su función es controlar el orden en las calles”, dijo por su parte el general PNP en retiro Eduardo Pérez Rocha.
Manifestó que la Policía debe de encargarse solo del cuidado externo a 200 metros a la redonda del evento, mientras que los clubes se deben de encargar de la seguridad interna, empleando cámaras de seguridad.
Asimismo, catalogó como un “exceso” que se destine a 7 o 8 mil policías para cuidar un encuentro futbolístico y afirmó que la cantidad idónea no debe pasar de mil efectivos. “Pero debe ser personal especializado, y este servicio debe ser pagado”.
Pérez Rocha recordó que existe el Decreto Supremo 004-2009, que indica que la Policía podrá tener convenios con personas privadas o públicas para resguardar los eventos deportivos. Sin embargo, —lamentó—, este no se viene cumpliendo.
Mediante este convenio, manifestó, la empresa solicitante deberá pagar a cada policía 0.25% de una UIT y 0.11% a la institución policial. “Esto debe ser prestados por policías que estén de servicio, quienes recibirán un pago adicional por parte de la entidad interesada”, dijo.
También dijo que por ley está prohibido el desplazamiento masivo de personas por las calles, obstruyendo el tránsito, y que los barristas que lo incumplan deben ser detenidos. “La Policía no puede seguir trasladando a los barristas desde los conos”, señaló.
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