Marlon tiene 11 años y desde los 10 trabaja en los campos de arroz de Tumbes. Pese a los operativos realizados por las autoridades, todos los días el pequeño sigue sumergiendo su menudo cuerpo en el agua para sembrar arroz.
Su jornada, al igual que la de un adulto, empieza a las cinco de la mañana y termina a las cuatro de la tarde. No le queda tiempo para estudiar. Marlon no tiene infancia. No sabe que mañana se celebra el Día del Niño. Él solo quiere ganar su dinero. Pero, por su duro trabajo, le dan una propina diaria de 20 soles.
Así como Marlon, en el Perú hay 1 millón 659 mil niños y adolescentes que trabajan, casi la mitad en condiciones de explotación.
Según las cifras del INEI al 2011, de los siete millones de niños y adolescentes (entre 6 y 17 años) que existen en el país, 832 mil tienen entre 6 y 13 años, menos de la edad establecida para trabajar.
Según las normas actuales, los adolescentes pueden laborar a partir de los 14 años en un horario máximo de seis horas al día y percibiendo el sueldo mínimo.
Ellos no pueden realizar labores peligrosas en minas, fábricas de ladrillos, carbón, coheterías, entre otros. Tampoco pueden exponer su vida vendiendo en las calles. Pese a ello, más del 50% de los menores trabaja en condiciones deplorables.
FALTA SUPERVISIÓN
Nayda Ramos, adjunta de los Derechos del Niño de la Defensoría del Pueblo, recordó que, según la legislación vigente, los municipios y las direcciones regionales de trabajo son los encargados de llevar un registro del trabajo formal que realizan los menores. No obstante, una supervisión detectó que la mayoría de dependencias no cuenta con dicho registro.
“Esto quiere decir que, en ciudades grandes como Arequipa, Chiclayo, Huaraz, Huamanga, Ica, Trujillo, Tumbes e incluso Lima, no se fiscaliza si los menores trabajadores cumplen los horarios establecidos por la ley, reciben los beneficios que les corresponden o están en condición de explotación”, manifestó Ramos.
La especialista detalló a Perú21 que, durante la inspección, se detectó que en 11 regiones los adolescentes reciben sueldos por debajo del mínimo vital; en otras nueve regiones los menores trabajan más horas de las permitidas, y en 12 regiones hay niños trabajando en oficios riesgosos.
TRABAJO INFORMAL
Asimismo, advirtió que hay un gran número de menores que trabaja de manera informal y sobre ellos no hay ninguna información oficial.
Se estima que en el Perú hay unos 200 mil niños que trabajan en la calle. Amelia Cabrera, directora ejecutiva del Programa Nacional Yachay –organismo dependiente del Ministerio de la Mujer y que reinserta a los niños de las calles a las escuelas–, dijo que en la mayoría de los casos los menores laboran con sus familias.
“Estos chicos están expuestos a una serie de riesgos, como enfermedades, la contaminación, el frío, el calor, los hurtos, los accidentes o, incluso, las agresiones físicas o verbales que suelen ocurrir en la calle. Lo peor es que solo ganan, en el mejor de los casos, nueve soles al día, lo cual no es significativo para la canasta familiar”, manifestó.
Cabrera indicó que el desgaste físico de los menores les resta tiempo para el estudio o la recreación. Además, investigaciones hechas sobre la materia demuestran que los niños que trabajan a temprana edad sufren de hasta tres años de retraso escolar.
Para revertir esa situación, desde el programa Yachay, en un año y medio de trabajo, se ha logrado reinsertar a la escuela a 700 menores que trabajan en la calle, y actualmente se apoya a 5,400 niños y adolescentes. Además, próximamente se contratará en Lima a defensores públicos para que intervengan en favor de los niños trabajadores.
“El gobierno seguirá impulsando políticas para erradicar el trabajo infantil, pero lo más importante es cambiar la actitud de las personas que nos hemos acostumbrado a ver que los niños trabajen en la calle. La comunidad no debe ser tan tolerante e indiferente ante este hecho”, subrayó.
CAPACITACIONES
Por su parte, María Katia Romero, especialista en trabajo infantil de la dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo, explicó que el Gobierno ya está trabajando en la capacitación de los funcionarios públicos y de los fiscalizadores para que puedan hacer intervenciones en los casos de irregularidades en el trabajo infantil.
Para ello se elabora un protocolo con los mecanismos y pasos a seguir a fin de identificar estos casos.
También se están desarrollando estudios para tener acceso a estadísticas actuales y conocer más sobre las consecuencias de los daños que causa el trabajo a temprana edad.
Romero dijo que, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021, se ha puesto en marcha tres proyectos pilotos, en cinco regiones del país, que benefician a cerca de 8,000 niños.
A través del piloto que se ejecuta en Huánuco se otorga un bono de incentivo a las familias cuyos niños terminen y aprueben el año escolar. El objetivo es repetir la experiencia en el país y que el Estado asigne un presupuesto para ello.
MARIELLA SAUSA//msausa@peru21.com
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