Perú es el país con más denuncias por violación sexual en Latinoamérica. Solo en 2013 se registraron alrededor de 15 mil. En la mayoría de los casos el agresor fue un familia de la víctima y el 75% de las víctimas eran menores de edad.
Estas son algunas de las cifras que revelan la realidad de las víctimas de violación sexual que deciden interrumpir su embarazo. Mariana Lopéz, de 22 años, quien es parte de la campaña ‘Todas somos Mariana: Somos libres de decidir”, demanda al Estado que brinde servicios de salud y no las envíe a la cárcel por abortar.
“Las enfermeras me decían que lo que yo acababa de hacer era ilegal y lo único que quería era gritarles: ¿es que acaso una violación no es ilegal?”, relata López en este video de la campaña publicado en YouTube.
La organización peruana Católicas por el Derecho a Decidir —que lucha por los derechos sexuales de las mujeres que no renuncian a su fe— sostiene que muchas de estas deben recurrir al aborto en condiciones de clandestinidad, arriesgando sus vidas.
Por eso, exigen modificar el artículo 119 del Código Penal, con el fin de que no se sancione penalmente a las niñas, adolescentes y mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado cuando es consecuencia de un acto forzado.
La campaña tiene como objetivo abrir el debate no solo sobre la despenalización del aborto frente a una violación sexual, sino también sobre la libertad de conciencia y el rol de la Iglesia en un Estado laico como el peruano.
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