Son 22 las empresas de transporte público de Lima que adeudan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) unos S/.30 millones por papeletas desde hace tres años.
Un informe de la entidad, citado por la agencia Andina, revela que a los cerca de S/.3.5 millones que adeuda por infracciones de tránsito el grupo Orión y a los más de S/.132 mil de El Chosicano, se suman los más de S/.26 millones que deberían pagar otras 20 empresas por las multas aplicadas a sus unidades.
Translima S.A., que tiene 2,051 papeletas pendientes de pago, debe S/.2’961,670, mientras que la Asociación de Transportistas en Camionetas S.A. adeuda 1,546 papeletas, lo que significa la suma de S/.2’599,020.
Le sigue la empresa Multiservicios e Inversiones Virgen de Copacabana SAC, cuyas unidades fueron multadas por quebrantar las normas de tránsito con 1,195 papeletas que equivalen a un S/.1’351,142.
En una situación similar se encuentra la empresa Especial Solidaridad S.A., que debe S/.1’997,902 por la imposición de 1,163 papeletas, así como la empresa Once de Noviembre que debería haber pagado S/.1’697,425 que es el importe por 978 infracciones de tránsito.
Otras empresas de transporte deudoras del SAT son Servicios Múltiples Real de Villa, empresa Guadulfo Silva Carbajal, Servios Nueva Jerusalén de La Rinconada, El Progreso, Sol de Oro y Santa Rosa de Jicamarca, entre otras.
Voceros de la entidad recaudadora explicaron que las multas aún están pendientes de cobrar porque las empresas mencionadas vienen empleando una serie de argucias legales para evadir la acción de las autoridades.
El SAT ha intentado igualmente cobrar mediante ejecución coactiva. Sin embargo, los representantes de las empresas que son autores de la infracción cambian el nombre de la misma, lo que impide esta acción. En otros casos, se agrede a los fiscalizadores para impedir la cobranza de las papeletas.
PROPONEN SUSPENDER LICENCIA A MOROSOS
El presidente de la Asociación Civil Cruzada Vial, Adrián Revilla, opinó que es necesario modificar las normas con el fin de que quienes las infringen, paguen las multas correspondientes.
En ese sentido, señaló que algo debe estar fallando en el sistema porque el incumplimiento del pago de las multas registra un nivel altísimo.
Revilla mencionó que hace algunos días se presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar con penas no mayores de cuatro años ni menores de un año, a quien conduzca un vehículo estando legalmente impedido.
La pena se agrava —no mayor de 8 ni menor de 5 años— en caso se tratase de una unidad de transporte público.
“Esta modificación del Código Penal debería complementarse con una norma del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que establezca que quien no paga hasta una tercera papeleta, automáticamente se le suspende la licencia de conducir y queda inhabilitado de manejar un carro y si lo hace es sancionado con cárcel”, explicó.
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