La Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (PJ) declaró en emergencia su infraestructura inmobiliaria ante la situación de inseguridad en las que se encuentran todas sus sedes.
La infraestructura física de este poder del Estado incluye 935 locales: 435 alquilados, 295 propios y 205 administrados. Cada año se destinan 24 millones de soles al pago de alquileres de inmuebles, utilizados en su mayoría por la Corte Superior de Lima.
En la resolución, se destaca la urgente necesidad de “verificar la solidez y seguridad de los inmuebles usados, teniendo en consideración que vivimos en una zona sísmica”.
El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, afirmó que la situación “es particularmente grave”, ya que su institución no cuenta con los recursos para revertir este problema.
Advirtió que la asignación de recursos para la construcción de nuevos locales y la reparación de la infraestructura es “ínfima y alcanza únicamente para realizar tareas de mantenimiento preventivo básicas”.
En ese sentido, el Ministerio de Economía asignó ocho millones de soles para proyectos de inversión pública, monto que representan el 0.53% del presupuesto del Poder Judicial. Este dinero ya fue destinado de manera íntegra a la construcción de la nueva sede de la Corte Superior de Justicia del Callao.
“El Poder Judicial cuenta con 55 proyectos de inversión pública. Sin embargo, no contamos con el presupuesto necesario para formular ni siquiera los expedientes técnicos y mucho menos la ejecución de la obra”, enfatizó.
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