Unos 36 mil vigilantes, de los 120 mil que laboran en el país, quedarían sin empleo debido a la demora en la entrega de licencias para portar armas.
Los agentes solo pueden realizar el trámite —que toma tres meses— en una sede policial. La tardanza en la entrega del mismo a las empresas en las que trabajan genera despidos, alertó Thomas Saldias, de la Coalición por un Perú Libre de Armas Ilegales.
Ante esto, la Asociación Nacional de Empresas y Especialistas en Seguridad Privada del Perú anunció un plantón, el que se hará mañana frente a la Sucamec.
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