Por Marina Navarro M. (*)
En lo que va del 2017 hemos tenido noticias que muestran un cambio positivo respecto al histórico desinterés del Estado por atender a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales y reconocerle sus derechos: la Ministra de Justicia anunció que el Plan Nacional de DD.HH. incluirá a personas LGBTI, el Decreto Legislativo 1323 reconoce como agravante de un delito la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género y el Séptimo Juzgado Constitucional de Lima falló a favor de reconocer en registros civiles peruanos el matrimonio de una pareja del mismo sexo.
En varias ocasiones me han preguntado por qué es necesario crear mecanismos legales en favor de las personas LGBTI. Precisamente porque sus derechos fundamentales, que amparan a todas las personas sin distinción, son sistemáticamente vulnerados con argumentos que anteponen estereotipos de género y doctrinas religiosas a cualquier normativa legal.
Reconocer por un lado los derechos de las personas LGBTI, pero por otro lado su vulnerabilidad en cuanto población sistemáticamente agredida y discriminada, es imprescindible para luchar contra la homofobia y Transfobia. Por eso también es necesario comenzar a contar con políticas públicas que visibilicen los crímenes cometidos contra las personas LGBTI a partir del DL 1323 y poner fin a la impunidad que han sufrido hasta ahora.
En este sentido, es notable leer que en la sentencia que ordena al RENIEC reconocer e inscribir el matrimonio entre Óscar Ugarteche y Fidel Aroche, prevalece el principio de igualdad por encima de otras consideraciones. Ahora es clave que esta institución acate dicho fallo sin mayores dilaciones y termine con una situación que viola los derechos humanos de miles de peruanos y peruanas.
La no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género se ha convertido en un principio internacionalmente reconocido como interpretación de la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. En consecuencia, muchos países han respondido adaptando sus leyes, políticas y jurisprudencia en consonancia con este principio.
Es importante señalar los avances que se han dado en la última semana, pero hay que destacar que queda un largo camino por recorrer. La sentencia en el caso Ugarteche muestra cómo en la aceptación del matrimonio igualitario los derechos humanos están en juego. El Estado debería reconocerlo y seguir dando pasos importantes para luchar contra la discriminación.
- Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú*
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