Extranjeros atrapados por leyes que desintegran sus familias

“Mi error fue enamorarme de un peruano. Viví cinco años en el Perú, pero me separé y lo perdí todo”. Así resume su historia la colombiana Aleida Pérez (33), quien se casó en el 2009, tuvo una hija, pero el año pasado decidió divorciarse debido al maltrato físico y psicológico del que era víctima. En represalia, su ex pareja no le renovó la carta de garantía anual con la cual se autorizaba su permanencia regular en el Perú.

Entonces empezó su calvario. “Todos los años viviendo en el Perú no me dieron ningún derecho. Acudí a Migraciones, pero ellos me dijeron que la ley se cumple sin ninguna excepción; no les interesa si soy una mujer maltratada o si me iban a separar de mi pequeña hija. Yo me puedo ir de este país, pero no voy a dejar a mi hija. Eso nunca. Me siento acorralada, me tratan como basura, pero voy a seguir luchando”, sollozó.

Con una hija de dos meses en brazos y otro hijo de 8 años, Lucía Rodríguez (30) batalla para que Migraciones levante el impedimento de entrada al país de su esposo, un cubano que en mayo del 2014 fue expulsado de forma indefinida del Perú, por haber ingresado irregularmente en el 2011, por la frontera con Ecuador.

Lucía se casó en abril del 2013 y en junio de ese año solicitó para su esposo una visa familiar, pero nunca tuvo una respuesta. “Cometió un error, pero tiene una familia aquí. Él quiere volver, conocer a su hija, firmarla. Su partida me dejó en el aire. He tenido que vender todas mis cosas y ahora vivo con mi mamá. Pero mi familia está desintegrada”, dice.

Los casos de Aleida y Lucía no son los únicos. La Defensoría del Pueblo ha encontrado más de 160 casos de mujeres extranjeras casadas con peruanos, embarazadas y con hijos, así como peruanos cuyas parejas han sido expulsadas.

Pero hay muchos más que no se atreven a exponer sus casos por temor a represalias. Algunos están en situación irregular y escondidos, ante el temor de ser expulsados del Perú.

INMIGRACIÓN CRECE
José Iván Dávalos, jefe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), indicó que aunque el Perú aún no alcanza las cifras de inmigración de otros países latinoamericanos, su mejora económica ha motivado que en los últimos años aumente significativamente el porcentaje de extranjeros que se quedan a vivir en el país. Actualmente el número de inmigrantes en el Perú supera las 100 mil personas.

“Quizá ello explica el poco interés que antes tuvieron las autoridades para actualizar las leyes migratorias. En el Perú hay una Ley de Extranjería a la que los inmigrantes deben acogerse, pero data de hace 23 años y nunca tuvo un reglamento. Esa es una modificación que se necesita con urgencia”, subrayó.

LEY CON LIMITACIONES
Dávalos comentó que la antigüedad de la ley y su falta de reglamento han generado muchas interpretaciones que dan lugar a situaciones irregulares.

Por ejemplo, en casi todos los países de la región el matrimonio, bajo ciertas condiciones legales, permite obtener una residencia familiar, pero en el Perú esta se anula con un divorcio o incluso por la muerte de la persona que solicitó la visa. En ese caso el extranjero debe salir del país.

“No se considera si la persona expulsada tiene años de residencia, arraigo en el país o hijos peruanos. Mucho menos importa si la sanción separará a una familia”, dijo Gisella Vignolo, adjunta para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.

¿SANCIÓN EXAGERADA?
Pero eso no es todo. El informe de la Defensoría del Pueblo revela que en el Perú toda infracción migratoria se sanciona con la expulsión Si un extranjero quiere impugnar la medida, tiene que hacerlo luego de salir del país. Además, se prevé la misma sanción para las personas que incurren en una falta administrativa y las que cometen un ilícito penal.

“No hay proporcionalidad, pues en el caso de los sentenciados, la ley permite su reingreso al Perú en 10 años, mientras que para las faltas administrativas se aplica la expulsión indefinida, pese a que la ley no lo contempla”, acotó Vignolo.

Pero hay más irregularidades. El texto único de procedimientos administrativos de Migraciones (TUPA) –considerado el reglamento de la actual Ley de Extranjería– exige requisitos que carecen de base legal, como pedir todos los años las partidas de nacimiento de los hijos para prorrogar la residencia.

Igualmente, al no existir una base de datos integrada entre Migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores, se generan vacíos en el récord del inmigrante.

RECOMENDACIONES
Ante esta situación y mientras se demora la actualización de la Ley de Extranjería, Vignolo sostuvo que “es urgente que Migraciones adecue sus procedimientos y directivas para atender la problemática que se está presentando”. Expresó su confianza en que con el reciente cambio de autoridades en Migraciones se comprendan estas dificultades.

Perú21 buscó la respuesta de Migraciones a esta problemática y fuentes de esa dependencia señalaron que la nueva gestión del superintendente, Boris Potozén, ya está trabajando en la simplificación y agilización de los trámites para los extranjeros que buscan la residencia por tener una familia peruana.

Además, indicaron que ya se está haciendo la revisión final de un proyecto de nueva ley de extranjería y se está elaborando un proyecto de nuevo TUPA de Migraciones, con el fin de eliminar los requisitos innecesarios.

Sin embargo, el parlamentario andino Alberto Adrianzén considera que no es suficiente. “El Estado reconoce las deficiencias existentes y trabaja hace varios años en la reforma, pero se debe hacer algo ya. La demora es inaceptable. No es bien visto que el Perú tenga leyes que expulsan a los extranjeros en lugar de promover su regularización”, manifestó.

Agregó que el nuevo superintendente debería presentar un plan de reforma y reorganización de la entidad, para que esta sea más ágil y no atente contra los derechos humanos.

SABÍAS QUE…

• Según la Ley de Extranjería vigente, los convivientes o hijos solteros no pueden acceder a una visa familiar de residente.

• Los extranjeros en estado migratorio irregular –ciudadanos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela– pueden acogerse al tratado del Mercosur, que les otorga una visa por dos años.

Por Mariella Sausa (msausa@peru21.com)