Loreto: Ejecutivo reinició este lunes el diálogo en Saramurillo

Una comisión de alto nivel del Gobierno se instaló este lunes en la comunidad de Saramurillo, distrito de Urarinas, departamento de Loreto, para retomar el diálogo con los indígenas de la zona.

El grupo de trabajo estuvo liderado por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, y el jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, Rolando Luque, e incluyó a representantes de los ministerios de Salud, Ambiente, Vivienda, Cultura y Energía y Minas. Asimismo, contó con la presencia de miembros de la empresa estatal Petroperú.

Esta fase del diálogo estuvo prevista en la acta de compromisos firmada por el Gobierno y las comunidades indígenas el pasado sábado 19 de noviembre, dos días antes de que que los nativos regresaran a Saramurillo tras sostener diálogos con el Ejecutivo en Lima y suspender las protestas que durante 75 días realizaron en esa zona de la Amazonía.

En dicha acta los nativos se comprometieron a liberar las instalaciones de Petroperú que mantenían retenidas y las embarcaciones que habían tomado en el río Marañón.

Discusión política, no técnica

“Queremos que haya diálogo político con las autoridades y no se remitan a sostener una mesa técnica. Tenemos que discutir el futuro de la extracción energética en nuestro país. Nuestra vida no puede estar supeditada al petróleo, que en los último 40 años no nos ha dado nada, solo contaminación para nuestros pueblos. Entendemos que esto no se va a solucionar en unos años, pero queremos un compromiso político sobre qué se va a mejorar”, señaló Fachín.

Según el acta suscrita, el diálogo en Saramurillo se extenderá por 15 días en los cuales se deberá llegar a un acuerdo entre las partes.

Fachín expuso que el pliego de reclamos de los indígenas comprende el cambio y un peritaje independiente al Oleoducto Norperuano, la remediación del lote 192 y compensación por los derrames de crudo en la zona, la revisión del contrato con Pluspetrol Norte en el lote 8, una comisión que documente los daños ocasionados por la extracción de petróleo en la zona durante los últimos años y un debate de la criminalización de la protesta establecido, sostiene, en el decreto legislativo 1245.