El defensor del Pueblo, Eduardo Vega, pidió a la Policía Nacional, a los jueces y a los fiscales de familia aplicar de manera urgente un conjunto de medidas legales para sancionar, según la magnitud, las infracciones penales cometidas por adolescentes.
En ese sentido, recomendó la habilitación o construcción de un centro juvenil de máxima seguridad donde se brinde un tratamiento especializado a dichos menores.
Mientras tanto, reiteró la necesidad de que se adopten medidas concretas para fortalecer la seguridad de los reformatorios, con el fin de evitar situaciones que pongan en riesgo a la ciudadanía, como las fugas que encabezó ‘Gringasho’ en ‘Maranguita’.
En relación a este último aspecto, la Defensoría del Pueblo insistió en la necesidad de que la Policía Nacional vigile los exteriores de todos los centros de readaptación existentes en el país.
La institución recordó que la sanción a los adolescentes infractores debe realizarse en el marco de la Constitución, el Código de los Niños y Adolescentes y las obligaciones internacionales que el Estado peruano ha asumido.
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