Centros comerciales operan con certificaciones indefinidas de Defensa Civil

“Clausurado por infringir las normas” señalaba anoche un letrero de la Municipalidad de Miraflores en una de las puertas de Larcomar, donde el miércoles murieron cuatro personas tras desatarse un voraz incendio. Este trágico hecho recordó la existencia del Decreto Supremo 058-2014, firmado por el entonces presidente Ollanta Humala y la expremier Ana Jara, el mismo que permite que los centros comerciales operen con certificados de Defensa Civil indefinidos.

¿De qué se trata? Dicha norma, publicada el 14 de setiembre del 2014, señala que para los establecimientos comerciales ya no es obligatorio pasar por las inspecciones de Defensa Civil cada dos años, sino que dichas autorizaciones tienen vigencia “indeterminada”, es decir, no caducan.

Cabe precisar que dicho decreto fue publicado ocho meses después de que una cadena de farmacias denunciara ante el Indecopi a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y al Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) por supuestamente poner una “barrera burocrática” al exigir la renovación del certificado de seguridad cada dos años.

El 4 de junio de ese año, Indecopi resuelve a favor de la citada cadena y declara como “barrera burocrática” la renovación de la citada certificación. Luego vendría la firma del decreto supremo que permite a los centros comerciales prescindir de las inspecciones técnicas.

Al respecto, el primero en alzar su voz de protesta –tras el incendio en Larcomar– fue Mario Casaretto, subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima, quien afirmó que el citado decreto “perjudica la seguridad en el país”.

“El Decreto Supremo 058 tiene varias deficiencias, yo creo que la principal es la vigencia de los certificados y la otra es que se ha entregado a los distritos las inspecciones grandes. El que los centros comerciales como Mega Plaza, Jockey Plaza, Plaza Norte, etc., sean manejados por los propios distritos ha generado un desorden. Me parece que algunos municipios con recursos económicos han podido mantener la situación, otros no”, señaló el funcionario.

Refirió que muchos municipios no pueden cumplir con fiscalizar. “La norma dice que debemos hacer visitas inopinadas de forma obligatoria, pero no indica con qué presupuesto lo vamos a hacer”, indicó.

En tanto, la ex primera ministra Ana Jara salió a responder a Casaretto y dijo que el decreto “no es perpetuo” y que puede ser perfeccionado para que no sea malinterpretado. “En ningún lado el decreto dice que no se pueda hacer fiscalizaciones. Es más, puntualiza que se procederá a la revocación del certificado si los establecimientos no cumplen con las medidas de seguridad o si realizan modificaciones arbitrarias”, aclaró.

Hubo omisión de autoridad

En mi opinión sí hay responsabilidad de la Municipalidad de Miraflores en el incendio en Larcomar en varios aspectos. Uno de ellos es el de la omisión de autoridad por dejar de hacer lo que están obligados a hacer: fiscalizar y controlar. Si bien es cierto existe un decreto que señala que las licencias que otorgaba el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ya no iban a ser renovadas cada dos años, sino que pasaban a ser permanentes, en ningún momento se le quitó a las municipalidades distritales la competencia de fiscalización y control. Son los gobiernos locales los que otorgan las licencias de funcionamiento, por lo que son ellos los que tienen la responsabilidad de hacer una fiscalización constante, de verificar si tienen extintores y si estos funcionan, si cuentan con alarmas de humo, con rociadores de agua, etc. Habría muchos municipios que han dejado esta función amparados en este decreto, pero no tienen justificación. La fiscalización no solo es para perseguir a los ambulantes.

TENGA EN CUENTA

• Mario Casaretto, subgerente de Defensa Civil de Lima, pidió hacer “una consulta popular para ver si la ciudadanía está de acuerdo con que los certificados deben ser indeterminados”.

• Indecopi afirmó que los gobiernos locales tienen la obligación de fiscalizar los establecimientos comerciales para que se cumpla con las normas de seguridad. Pidió que se efectúe una investigación exhaustiva del caso.