La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su grave preocupación por *las amenazas que suponen para los indígenas aislados del Perú las empresas de hidrocarburos, la tala y la invasión de sus tierras, las cuales –según señalan– podrían “causar la desaparición de pueblos enteros”, según aseguró la ONG Survival International.
Esa ONG sostiene que los planes del Gobierno para expandir el proyecto Camisea, en cuya área de influencia está la reserva Nanti-Nahua, enfrenta a las comunidades no contactadas a un elevado riesgo de contacto con los trabajadores gasíferos, debido a que dichas tribus tienen “muy poca o ninguna inmunidad contra enfermedades importadas”.
El proyecto de gas de Camisea está dirigido por un consorcio de empresas lideradas por la argentina Pluspetrol, la estadounidense Hunt Oil y la española Repsol.
El director de Survival International, Stephen Corry, indicó que si se permite la expansión de Camisea “esto podría conducir a la extinción de estos pueblos indígenas aislados”.
“‘Los proyectos de desarrollo’ como este siempre desatan una oleada de muertes, enfermedades y destrucción entre los legítimos propietarios de la zona. Perú está arriesgando vidas de personas indígenas a favor de la obtención de beneficios extranjeros; la usurpación de gas ilegal debe detenerse ya”, añadió.
ESTÁ DESINFORMANDO
La ONG Survival International desinforma al señalar que los habitantes de la reserva Nanti-Nahua corren peligro debido a la ampliación de las actividades de exploración de Camisea, según la consultora y columnista Irma Montes.
Según indicó a Perú21, esa ONG, a la que no se le conoce presencia ni trabajo en la zona, es parte de una red de organizaciones que “han encontrado la justificación de su financiamiento continuo, garantizado y poco fiscalizado, llenando de mitos y medias verdades a sus fuentes cooperantes”.
Basta señalar que los habitantes de la Reserva Territorial Kugapakori-Nahua-Nanti, que está dentro de la zona de influencia de Camisea, no pertenecen a pueblos no contactados ni están en peligro de extinción, tal como ellos mismo lo indicaron. Tienen DNI, votan y hasta han viajado a Washington para asistir a una audiencia de la CIDH.
Montes señaló que lo que esa población sí reclama desde hace años es acceso al fondo de compensación de casi US$4 millones que entregó el Consorcio Camisea para beneficio de las comunidades en su esfera de influencia y que aún no se concreta por un tema burocrático.
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