Rector Luis Cervantes y 22 servidores se apropiaron de S/.350 millones

El suspendido rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Luis Cervantes Liñán, se habría enriquecido ilícitamente –junto con otros 22 funcionarios– de los recursos de esa casa de estudios por aproximadamente 350 millones de nuevos soles, según se desprende del informe elaborado por la Comisión de Educación del Congreso, que preside el parlamentario Daniel Mora Zevallos (Perú Posible).

Cabe recordar que, en marzo de 2013, Perú21 informó sobre las exorbitantes remuneraciones y bonificaciones que percibían tanto la citada autoridad académica, su entorno –dentro del cual figuran sus hijos y su yerno– así como decanos de diversas facultades.

Según el documento, al cual este diario tuvo acceso, entre noviembre del año 2004 y diciembre de 2013, Cervantes y 22 investigados recibieron S/.215’747,069 por concepto de remuneraciones básicas y bonificaciones.

Asimismo, de enero de 2008 a diciembre de 2013 se incrementaron los sueldos a 11 investigados por S/.28’808,807 y se otorgaron bonificaciones, al total de los 22 investigados, por S/.73’022,338 por concepto de ‘unidades de producción’.

“Se trata de una universidad privada sin fines de lucro, que, como tal, debe generar excedentes y no utilidades, pero aquí los excedentes fueron repartidos como utilidades para aumentar las remuneraciones”, indicó Mora.

Por esta y otras irregularidades detectadas en dicho centro de estudios superiores, Cervantes y su grupo habrían cometido los presuntos delitos de fraude en la administración de personas jurídicas, apropiación ilícita, defraudación tributaria, asociación ilícita para delinquir, estafa y lavado de activos.

“Hemos contado con información proporcionada por la Sunat y otros organismos para determinar esta situación”, añadió el legislador.

También se acusa a los representantes de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) por los presuntos delitos de rehusamiento y omisión de actos funcionales por no haber intervenido e investigado las irregularidades en la universidad Garcilaso.

Todo lo actuado será remitido a la Fiscalía de la Nación a fin de que inicie las investigaciones y determine las responsabilidades del caso.

El grupo parlamentario recomendó la intervención y la reorganización de dicha casa de estudios.

ALUMNOS ‘FANTASMAS’
Cervantes Liñán percibía entre asignaciones y remuneraciones un equivalente anual a US$7’264,662, suma que supera los sueldos de rectores de prestigiosas universidades norteamericanas.

Según el Time Higher Education, citado por la comisión, Cervantes tiene un récord mundial en sueldo frente a rectores de las universidades de Harvard (US$875,000), Princeton (US$902,000), Stanford (US$1’000,000), Columbia (US$1’900,000) y Yale (US$1’600,000).

Según la comisión, la estructura orgánica de la Garcilaso fue modificada para que el rector tenga el dominio completo de la institución y de los recursos humanos, económicos y financieros.

Es decir, de acuerdo a las pesquisas, era el único autorizado a contratar a los docentes, al gerente general y demás funcionarios. Esa potestad le alcanzaba para fijar las remuneraciones.

Aparentemente, según el informe, la Garcilaso habría reportado 100 millones de soles de excedentes en el año 2012. Sin embargo, solo el 1% (22) de los 2,237 trabajadores que tiene la universidad percibe altas remuneraciones y bonificaciones.

No se sabe cuántos alumnos tiene el centro de estudios. El rector aseguró, en un aviso pagado, que tenían 50 mil alumnos. Sin embargo, ante la comisión parlamentaria, se rectificó e indicó que el universo llegaba a un promedio de 40 mil. Finalmente, en la sesión del 25 de marzo del presente año, el gerente general, Manuel Lazo Manrique, manifestó que la Garcilaso tenía 30 mil estudiantes.

Ello motivó que la comisión parlamentaria estableciera la hipótesis de que esa casa de estudios estaría captando dinero de procedencia ilícita a través de ‘estudiantes fantasmas’, ya que no ha podido señalar con certeza el número de alumnos ni sustentar los ingresos a través de las pensiones.

Por esta razón, el rector Cervantes sería responsable del delito de lavado de activos.

La universidad se negó a entregar la información financiera a la comisión alegando que el tema se encuentra judicializado.

Al gozar de beneficios tributarios, la Garcilaso estaba exonerada del impuesto a la renta. Tras detectarse diversas irregularidades, la comisión estableció que el Estado habría dejado de percibir S/.47’564,925 en impuestos.

DELITOS DE EXTORSIÓN Y COACCIÓN
La comisión también detectó delitos de extorsión y coacción. Efectivos de seguridad denunciaron el recorte de sueldos que, al año, llegaban a S/.950,400.

Según las pesquisas, en este caso están implicados el coronel PNP Leoncio Mejía Montenegro y el funcionario José Gonzales Díaz.

Ambos personajes se habrían apropiado de S/.79,200 mensuales que correspondían a los sueldos de los policías.