El procurador anticorrupción Christian Salas solicitó al Ministerio Público que todas las indagaciones en trámite y archivadas vinculadas al gobierno regional de Áncash sean investigadas, con el objetivo de detectar si hay irregularidades en estos procesos.
Esto luego de conocerse de las constantes intimidaciones y amenazas de muerte a autoridades y magistrados que investigan la gestión del presidente regional César Álvarez, a quien se señala como el principal implicado en distintos actos de corrupción y sicariato que se registran en su región.
El caso ha cobrado relevancia nacional luego del asesinato del exconsejero regional de Áncash Ezequiel Nolasco, opositor a la gestión de Álvarez, acribillado en una bodega el pasado viernes 14 de marzo.
Asimismo, el presidente del Congreso, Fredy Otárola, pidió que se investigue lo que sucede en la región, ya que –según dijo– el 80% de la prensa local estaba “maniatada” por el gobierno ancashino.
Salas agregó que si encuentran inconsistencias indagarán los vínculos entre los magistrados (fiscales o jueces) y los investigados. Además, dijo que una comitiva de la Procuraduría llegará en los próximos días a Áncash para supervisar las fiscalías de esta región.
SE DEFIENDE
En comunicación con Canal N, Álvarez se defendió de las acusaciones e indicó que esclarecerá los hechos que se le imputan el próximo martes, en la Comisión de Defensa y Seguridad del Congreso. “A mí me ha investigado un fiscal anticorrupción aprista durante cinco años. Por cinco años he sido perseguido en el gobierno anterior”, indicó.
Álvarez negó tener algún vínculo con el actual fiscal de la Nación, José Peláez, aunque reconoció que su fallecido hermano Mariano fue su abogado en “un caso” que tenía en Lima, que investigaba la exfiscal Gladys Echaíz.
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