Ronald Gamarra: “Alan García es el político con más suerte en el Perú”

Investigó la corrupción y las violaciones de derechos humanos durante el fujimorato. Casi 15 años después, el ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra advierte que este flagelo ha vuelto a ganar terreno y dice que espera que, a partir de julio de 2016, se inicie una investigación seria de la gestión de Ollanta Humala.

El expediente del caso Martín Belaunde Lossio ya está en manos de Bolivia. ¿Era el mejor camino para lograr su retorno al país?
Creo que hubiera tenido más fuerza, más punche, el tema de la expulsión. La extradición es un complemento, una ayuda que permite tener bajo arresto domiciliario a quien, en otras circunstancias, podría haber fugado. En mi concepto se ha cometido el error de poner el acento en la extradición, no en la expulsión.

¿Esto retrasará su regreso?
Sí. Yo haría una distinción entre la labor del procurador y lo que debe estar pensando el Estado. El procurador está poniendo los candados y dando los pasos seguros para que, efectivamente, nada salga mal, pero creo que desde el Ejecutivo se alienta una postura que refuerza el tema de la extradición porque estoy convencido de que a la pareja presidencial y a varios congresistas oficialistas no les conviene tener a Belaunde en el Perú.

¿Todo esto es adrede?
Belaunde ha sido favorecido por el Ejecutivo en el Perú, tuvo una clandestinidad bastante cómoda, Urresti no lo persiguió, le permitieron salir del país, etc. Ya en Bolivia, las posibilidades de actuación del Ejecutivo se redujeron significativamente gracias a la acción del gobierno boliviano, y creo que, si Martín Belaunde regresa, será por decisión de las autoridades bolivianas y no por acción del gobierno peruano.

¿No hubiera sido mejor llegar a un acuerdo diplomático?
En este momento es posible llegar a un acuerdo. Basta que Ollanta Humala levante el teléfono, se comunique con Evo Morales y en 48 horas tenemos aquí a Martín Belaunde. Basta que el canciller coja el teléfono, hable con Choquehuanca y en 48 horas está aquí Belaunde. Yo no entiendo.

¿Y el discurso de que se está haciendo todo lo posible es solo para la tribuna?ta
Bueno, yo a este gobierno no le creo. Creo que Bolivia lo va a expulsar de todas maneras y que el Perú se va a sentir obligado a coordinar más estrechamente con las autoridades bolivianas. Una vez obtenida la promesa formal de expulsarlo, el Estado Peruano va a tener que retirar la solicitud de extradición.

PUNTO DE VISTA. “Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien violó y torturó a Gladys Espinoza es un funcionario público. Hay una responsabilidad del Estado Peruano. La Corte ha hecho bien en condenar, nos guste o no, nos parezca justo o injusto”.

¿Ambos gobiernos podrían estar jugando en pared, dada la afinidad entre Humala y Evo Morales?
Cada vez hay menos afinidades y desde el principio Bolivia afirmó con claridad que no era un lugar de refugio para corruptos y está cumpliendo con su palabra. Lo que hemos discutido con Bolivia ha sido el refugio y la expulsión, y esas son tareas administrativas, ejecutivas, no judiciales. Fácilmente una autoridad ejecutiva peruana pudo ponerse de acuerdo con una autoridad ejecutiva boliviana. Punto. Eso se pudo haber hecho ayer, hoy día y se puede hacer mañana. ¿Por qué el Perú no lo hace? Pareciera que es en esta política de ganar tiempo.

¿Cree que la pareja presidencial está al margen de todo lo que le atribuyen a Belaunde?
No lo sé, pero parece evidente que ni a Ollanta Humala ni a Nadine Heredia les gusta la idea de que Martín Belaunde regrese al Perú expulsado o extraditado. Hay personas en el Ejecutivo que, a diferencia de años atrás, ya no quieren aparecer en la foto con él y le temen a lo que pueda decir.

De ser extraditado, la pena sería mucho menor, pues sería procesado por el caso ‘La Centralita’ y los delitos de peculado y asociación ilícita, pero no por lavado de activos…
Si viene extraditado, solo lo va a hacer por los delitos que aparecen en la solicitud de extradición. El tema es ‘La Centralita’ y los delitos son peculado y asociación ilícita. Si regresa expulsado, la autoridad fiscal y judicial pueden investigarlo, procesarlo y eventualmente condenarlo por cualquier delito que a la fecha haya sido investigado.

Eso no le convendría a la pareja presidencial…
Aquellos que ponen el acento en la extradición son los que están maniobrando de tal manera que Martín Belaunde, si finalmente regresa al Perú, solo sea procesado por un tema menor.

¿Le da confianza la presencia de Fredy Otárola al frente del Ministerio de Justicia? Ya antes, con Figallo, se habló de presiones a la Procuraduría.
Presiones siempre hay. Aquel que diga que no existen o no las ha sufrido o no está diciendo una verdad. Que ese ministro esté presionando a la Procuraduría es posible también, pero creo ver en el procurador Joel Segura, por lo menos en los últimos tiempos, una mayor independencia.

Se le ha cuestionado su falta de experiencia. ¿Qué tanto juega eso en contra de este proceso?
Julio Arbizu puso la valla muy alta, recuperó el espíritu que tuvo la Procuraduría en los primeros años tras la fuga de Alberto Fujimori. Luego del paso de Christian Salas por la Procuraduría y la forma en que salió, esta se debilitó, y en esa coyuntura ingresó Joel Segura con mal pie, apoyando al ministro Figallo en su disputa con Yeni Vilcatoma. Me parece que le faltó carácter ahí, pero creo que en el último mes está tratando de hacer las cosas bien.

Pero es evidente que la Procuraduría no tiene ese empoderamiento de la época de Luis Vargas Valdivia y José Ugaz.
Eso se perdió cuando Vargas Valdivia salió de la Procuraduría y se recuperó con la presencia, años después, de Julio Arbizu, pero se perdió cuando él salió. No es un tema solo de Joel Segura.

¿Qué se puede hacer para revertir ese debilitamiento?
Es un tema institucional y de personas, porque la Procuraduría debería ser un órgano autónomo, no depender de ninguno de los ministerios, y el procurador debería ser una persona con determinadas características, elegida por el Tribunal Constitucional o el Consejo Nacional de la Magistratura, y permanecer en el cargo 5 o 7 años sin posibilidad de ser removido sin causal que lo justifique. Hay que darle independencia, autonomía; hay que institucionalizar la Procuraduría Anticorrupción. Haciendo más estrictos los requisitos tendremos al procurador que el Perú se merece.

¿Por qué falló la designación de un zar anticorrupción?
Ah, no… los políticos no tienen ningún interés en luchar contra la corrupción. Eso es mentira, puro juego, y cuando crean nuevas instituciones o las inventan, salvo excepciones, ponen a cualquier monigote de zar.

Tampoco la Comisión Nacional Anticorrupción parece haber funcionado…
Es un cascarón. ¿Qué ha hecho realmente en la lucha contra la corrupción? Que yo sepa, nada.

En ese escenario, ¿qué podría hacerse para reforzarla?
Creo que la Procuraduría debe salvar el año que le resta de gobierno, tratar de mantener su independencia y esperar que un nuevo gobierno traiga aires, haga las modificaciones necesarias para institucionalizar la Procuraduría y designar un procurador con determinados requisitos que son los que se requiere para una efectiva lucha contra la corrupción.

La Comisión de Fiscalización no investigará el patrimonio de Keiko Fujimori. Algunos afirman que hubo blindaje, otros que la denuncia carece de sustento jurídico. ¿Cuál es su apreciación?
Que los políticos usualmente persiguen a los adversarios o se alían entre ellos para evitar investigaciones que luego pueden revertir contra ellos mismos.

¿Acá hubo ambas cosas?
Por supuesto. El Apra haciéndole juego al fujimorismo para que ellos luego lo protejan, y el nacionalismo persiguiendo al fujimorismo. Todo lo contrario vamos a tener en el próximo gobierno. No veo en los partidos representados en el Congreso una real acción contra la corrupción, sea quien sea el presunto autor de este delito. Solo se persigue al adversario y se niegan actos de corrupción propios. El problema con la Procuraduría siempre fue que los gobiernos apoyan cuando, con justa razón, persigue actos de corrupción del pasado, pero presionan a la Procuraduría y se vuelan al procurador cuando se investiga a funcionarios del gobierno de turno.

¿En el caso de Keiko Fujimori hay sustento? Se dice que el caso ya fue investigado y archivado.
Yo soy claro ahí. Todo hecho de apariencia de corrupción debe ser investigado, pero una sola vez y no debe haber persecución política. No conozco en detalle el caso de Keiko Fujimori, pero esto vale para ella porque el principio es general.

¿Ese mismo principio se aplica para Nadine Heredia y la denuncia en su contra por lavado de activos?
Lo que he sostenido respecto de Nadine Heredia es que esta denuncia última no tiene ni pies ni cabeza. Está muy mal iniciada por el fiscal. Sin embargo, también he dicho que será por estos hechos que en algún momento, no ahora, sino después, tendrá que ser investigada. El caso merece una seria investigación y no hay condiciones, hoy en día, por el escenario político.

Y en el caso del ex presidente Alan García hay…
Huy, Alan García es el político con más suerte en el Perú. Él no necesita de abogados si cuenta con fiscales y jueces. Ya quisiera yo tener la suerte de él si alguna vez soy investigado por algo en el Poder Judicial o en el Ministerio Público; no le pasa absolutamente nada.

¿Y eso obedece a su cercanía con magistrados y fiscales?
Por supuesto. Es una cercanía cultivada por décadas en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Yo llegué a decirle a José Peláez (ex fiscal de la Nación) que era ‘el enterrador’, porque allí morían todas las investigaciones contra Alan García y se molestó; me mandó una carta notarial. En verdad, Alan García no necesita abogado, tiene fiscales y cuenta con jueces. Alguna vez en el Perú se hará un ejercicio decente y se tendrá que investigar a Alan García.

Según informes de la megacomisión, García no tiene desbalance patrimonial y él usa esa conclusión para decir que no hay nada irregular.
Eso confirma que dinero a su nombre no hay, punto, nada más.

La imputación de enriquecimiento ilícito a García era el caso más fuerte de la megacomisión. ¿Estuvo bien llevada la investigación?
No la conozco a detalle, pero sé que el congresista Sergio Tejada hizo su mayor esfuerzo, aunque evidentemente cometió los errores propios de un congresista bisoño.

¿El próximo Congreso podría abocarse nuevamente a este tema?
No creo que el Congreso sea el espacio para hacer este tipo de investigaciones. Debería privilegiarse el escenario de la Fiscalía y eso nos lleva a repensar al Ministerio Público, que ahora tiene gran posibilidad con la presencia de Pablo Sánchez, que puede hacer de esta institución una entidad mucho más seria en la que podamos confiar. Ojala allí se hagan las investigaciones que se requieren para limpiar honras o formular imputaciones contra unos o contra otros.

¿Cómo ve el manejo de las comisiones investigadoras en el Congreso que se abocan a casos ya judicializados?
Es muy importante, es su función constitucional, no pueden dejarlo de hacer, pero evidentemente debe haber coordinación con el Ministerio Público porque de nada sirve, y enturbia la posibilidad de encontrar la verdad, el hecho de que paralelamente haya dos investigaciones. Cuando el Ministerio Público inicia una investigación, el Congreso debería esperar el avance de la misma antes de iniciar la suya.

BRAZOS CRUZADOS. “Acostumbramos a llenarnos la boca con cifras como si la corrupción se combatiera con discursos. Mientras la corrupción campea, los funcionarios públicos están pensando en su fin de semana o el aumento de sueldo”.

El problema es que el Congreso es mucho más mediático y se filtra la información. ¿Qué tanto enturbia eso el proceso?
No tanto, porque la información también fluye en el Ministerio Público, pero le resta seriedad. Es utilizada con intereses políticos o para favorecer al investigado. Por eso prefiero las investigaciones del Ministerio Público con todos sus errores y limitaciones a las que he visto que realiza el Congreso, salvo la comisión Áncash. No podemos llenarnos de comisiones que no avanzan, no llegan a ningún resultado y son contaminadas por intereses políticos, cálculos y alianzas. Creo, además, que no todos los congresistas deberían ser investigadores. Marisol Pérez Tello es muy buena investigadora, Mesías Guevara también, pero –no quiero dar nombres– no veo a varios de ellos con las pesquisas, ni siquiera como presidentes de la Comisión de Fiscalización.

De los tres presidentes anteriores a Humala, uno está en la cárcel y otros dos enfrentan serias denuncias. Entre ellos Alejandro Toledo por el caso Ecoteva. ¿Cuál es su percepción jurídica?
No conozco en detalle el tema. Creo que hay necesidad de una investigación, porque Alejandro Toledo no nos ha dicho la verdad.

Ha cambiado de versión en forma reiterada…
Exactamente, y eso abona en la creencia de que algo raro hay detrás de todo esto. La investigación tiene que seguir. Creo que es un error haber planteado hábeas corpus o recursos de amparo. Lo que un político debería hacer es someterse a las investigaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial.

Toledo alega que hay una persecución política en su contra.
No, aquí no hay persecución política ni para Belaunde Lossio, ni para Alan García, ni para Keiko Fujimori. Aquí lo que hay son investigaciones. Uno puede criticarlas, puede considerar que no están bien encaminadas, puede calificarlas como innecesarias si quiere, pero persecución política no. Ninguna de las investigaciones responde a una persecución contra el líder o dirigente de un partido político. En vez de alegar persecución política, deben someterse a las investigaciones.

ERRORES. “El error del Estado, en el caso de Espinoza, fue no tratar de llegar a una solución amistosa. Uno podrá decir: ¿cómo se llega a soluciones amistorsas con terroristas? Ante la Corte-IDH, no se trataba de una terrorista, sino de una persona violada y torturada”.

Pero ese es también el argumento de Humala para rechazar la investigación a su esposa.
Sí, claro. En eso todos los políticos se parecen, responden de la misma manera. Pareciera que tienen el mismo abogado.

Ha dicho que esas denuncias afectan el Estado de derecho y que quieren investigarla porque la ven como una eventual rival electoral…
Al contrario, un funcionario público está sometido a la ley y, por supuesto, a cualquier investigación que se le abra en el Ministerio Público y cualquier proceso que siga el Poder Judicial. En el caso de Nadine Heredia, es una ciudadana que, como cualquiera de nosotros, puede ser sometida a una investigación del Ministerio Público y no tienen por qué erizarse ni arañarse.

¿Recurrir a quejas contra los fiscales o a recursos de amparo qué evidencia?
Cuando las investigaciones son evidentemente arbitrarias, hay que usar el hábeas corpus, las acciones de amparo. Estos son recursos que la propia ley le da al investigado. Sin embargo, el uso inmediato, casi compulsivo de ellos, solo habla de la molestia del político para la investigación y del nerviosismo frente a las indagaciones que se llevan a cabo.

DISTORSIONES. “La labor de una dirección de inteligencia es respecto de aquellos que están contra la ley y representan un peligro para la seguridad del Estado, no contra los políticos, empresarios o periodistas. Han desvirtuado completamente sus funciones”.

¿En qué fallamos para 15 años después de combatir tenazmente a la corrupción volvamos a lo mismo?
Fallamos en que no institucionalizamos los esfuerzos contra la corrupción o no fortalecimos las instituciones. Fallamos en que no promovimos la fiscalización ciudadana respecto de actos de funcionarios públicos, en no crear una procuraduría fuerte y autónoma; fallamos en no haber realizado durante los primeros años, 2001 y 2002, grandes juicios contra grandes responsables. En el Perú no hay política pública que dure más de dos años. Aquí lo que necesitamos es cortar cabezas y ya. A mí no me interesa ir solo contra los peces pequeños, hay que ir contra los tiburones. Tenemos 100 detenidos por corrupción y 30 procesos, yo priorizaría a la cúpula de la organización, a los que tienen mayor responsabilidad, los que tienen delitos con mayor tiempo de cárcel.

Para eso se necesita voluntad política. ¿Cree que este gobierno la tenga?
Lo fundamental en el Perú para combatir la corrupción es que haya voluntad política y en este gobierno no hay voluntad, como tampoco la he visto en la mayoría de los gobiernos anteriores.

¿Qué hacemos entonces? ¿Esperar el próximo gobierno?
En la lucha anticorrupción, como en otras materias, lo único que tenemos que hacer es sobrevivir al gobierno de Ollanta Humala y esperar que el próximo gobierno abra la posibilidad de un gobierno honesto, una administración pulcra y que nos vuelva a contar la historia de la lucha anticorrupción para empezar de nuevo.

INACCIÓN. “En el caso del rastreo realizado por la Dirección Nacional de Inteligencia, va a pasar lo que siempre pasa: nada. Cambiarán directores y funcionarios de rango medio y se acabo el asunto, pasemos a otro tema…”.

En este gobierno se han denunciado muchos casos, pero ninguno se ha aclarado y no hay resultados concretos.
Creo que este gobierno es mediocre. Ha hecho muy poco por la lucha anticorrupción. Lo mejor que hizo fue nombrar a Julio Arbizu como procurador. Fue el mejor momento de este gobierno en la lucha contra la corrupción. Creo que Valentín Paniagua y los dos primeros años de Toledo fueron mejores que los cinco años de Humala en la lucha contra la corrupción, y los cinco años de García fueron un quinquenio perdido.

En el 2016 es obvio que se iniciará una investigación a la gestión Ollanta Humala.
Bueno, yo espero que se inicie una investigación seria contra la administración del presidente Humala, que no sea una investigación condenada al fracaso o a tratar de buscar responsabilidades donde no las hay.

Hay denuncias de contratos irregulares, compras anómalas de material bélico…
Todo tiene y todo debe de ser investigado.

Y en ese caso no tendrían que sentir que hay una persecución en su contra…
No. Deberían estar pensando simplemente en los abogados que van a contratar.

Por: Patricia Quispe V. (pquispe@peru21.com)